Tijuana, BC.

En las calles de esta ciudad fronteriza deambulan miles de indigentes, repatriados en pobreza extrema y estadunidenses adictos que huyeron de su país y viven bajo puentes.

María Elena Saucedo, originaria de Papalotla, Tlaxcala, era una de las 10 mil personas sin hogar que viven en Tijuana, según Ernesto López Hernández, director de la estancia municipal de infractores, donde eventualmente van a parar por violar el artículo 73 del bando de policía y gobierno del ayuntamiento.

La mujer de 35 años, detenida el lunes por mendigar en área pública, murió al caer de una camioneta pick-up usada de patrulla por la secretaría de seguridad púbica municipal. La versión oficial es que logró zafarse las esposas, saltó desde el vehículo sin que nadie pudiera evitarlo y pereció al instante.

Esta muerte provocó indignación entre los tijuanenses, no sólo porque no es la primera vez que la policía local transporta detenidos esposados en camionetas de carga que se accidentan, sino por la reacción de los uniformados contra el reportero José Ibarra, a quien, creyendo que había grabado el incidente, detuvieron, esposaron y llevaron a la comandancia.

La policía culpó a la administración anterior, que concluyó el pasado primero de diciembre, con el argumento de que la actual recibió un parque vehicular inadecuado para el traslado de detenidos.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) abrió un expediente en junio pasado para investigar la caída de tres hombres que fueron trasladados en la batea de una patrulla. En esa ocasión un ciudadano tomó un video que se volvió viral.

Tijuana no es el único municipio que traslada a los detenidos de esa manera. En junio de 2014 la entonces Procuraduría de Derechos Humanos emitió una recomendación a la dirección de seguridad pública municipal del ayuntamiento de Rosarito porque Mario Alberto Rodríguez, de 24 años, quedó paralítico tras caer de una patrulla cuando era llevado a la comisaría.

La mayoría de los detenidos en estas circunstancias son indigentes u otros ciudadanos que ingieren bebidas alcohólicas en la calle. En noviembre pasado, el policía municipal Francisco Hernández arrastró un ataúd de cartón por la populosa avenida Revolución de Tijuana para protestar porque sus jefes le impusieron una cuota mínima de 10 detenidos por turno, lo cual lo obligaba, dijo, a recoger gente en la calle sólo por su aspecto.

Ayer, cuando María Elena yacía muerta sobre el asfalto, el reportero José Ibarra acudió a cubrir el hecho. Relató que fue sorprendido por un agente que se portó muy agresivo y le ordenó que no tomara fotos.

El periodista del canal local Síntesis Tv estaba fuera del área marcada por la policía, y se alejó aún más cuando el agente lo increpó. Se dirigió a un estacionamiento para hacer tomas, pero el uniformado lo alcanzó y puso la mano sobre el lente de la cámara.

Ibarra aclaró que estaba respetando el área restringida, pero el policía le advirtió que tenía órdenes de no permitir que tomara imágenes, a lo que él respondió: Güey, no te estoy afectando. Por esta expresión coloquial, el agente lo acusó de ofensa a la autoridad, lo esposó y lo llevó a la comandancia, donde un representante del área jurídica ordenó liberarlo. Quince minutos después el policía aceptó quitarle las esposas.

José Ibarra anunció que presentará una queja ante la sindicatura municipal –el alcalde Juan Manuel Gastélum le ofreció una disculpa telefónica– y la CEDH informó que intervendrá.

Esta es la segunda agresión de policías de Tijuana a periodistas en menos de una semana. El fotógrafo Margarito Martínez Esquivel, colaborador de La Jornada Baja California, también fue hostigado por un policía cuando cubría un homicidio.

La detención de Ibarra ocurre en un contexto general de agresión a la prensa en el estado. Al corresponsal de La Jornada y colaborador de La Jornada Baja California, Antonio Heras, le fabricaron una investigación por supuesto fraude que fue denunciada por el gremio. La procuradora, Perla del Socorro Ibarra, dijo que el acusado era un homónimo del comunicador, pero antes las autoridades tomaron fotos de su casa y su familia y requirieron toda su información personal al Sistema de Administración Tributaria.

Las periodistas Dora Elena Cortés y Adela Navarro fueron advertidas por colegas de una campaña en su contra desde el gobierno del estado, encabezado por el panista Francisco Kiko Vega de Lamadrid, luego de que funcionarios de comunicación social se acercaron a ellos para pedirles que participaran.

En redes sociales se hizo circular un video de contenido sexual de un personaje de la farándula y se aseguró que se trataba de Navarro.