En los nueve centros federales de readaptación social (Ceferesos) del país, incluidos el complejo penitenciario de Islas Marías y el penal femenil ubicado en el estado de Morelos, no existen las condiciones necesarias para que el interno logre la reinserción social, advierte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por ejemplo, 97 por ciento de los internos en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, no tiene acceso a las actividades laborales remuneradas y los alojados en el área de tratamientos especiales no realizan actividad ocupacional alguna. En muchos de ellos no hay registro siquiera de actividades deportivas.

Esta situación se repite en los nueve penales federales, según los anexos del informe 9/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los penales federales y de rehabilitación sicosocial.

El informe es resultado de diversas visitas realizadas por la CNDH a estos centros penitenciarios entre septiembre y octubre del presente año, a fin de examinar el trato y las condiciones de detención, desde el ingreso y durante el tiempo que permanecen las personas privadas de la libertad.

Junto con la detección de maltrato físico, insultos y amenazas, e incluso la constatación de la aplicación descargas eléctricas a los internos y revisiones indignas a familiares que los visitan (La Jornada 26 de diciembre, p. 16), se encontró una serie de irregularidades y situaciones violatorias de derechos humanos.

Algunas de ellas relacionadas con la alimentación, comunicación de los internos con personas de exterior, separación y clasificación, imposición de sanciones disciplinarias extremas, insuficiente personal médico y escasez de medicinas, así como falta de capacitación de los trabajadores en materia de prevención de la tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

En el tema de la comunicación, en el Cefereso Occidente, en Jalisco, existen 12 aparatos telefónicos para mil 18 internos, los cuales resultan insuficientes; únicamente se autoriza una llamada quincenal de 10 minutos. Pero la situación es peor en el de Oriente, en Veracruz, donde tan sólo hay ocho teléfonos para una población de 2 mil 711 internos.

En el informe, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, le solicita al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, designe en un lapso de 20 días naturales a un funcionario con capacidad de decisión suficiente para entablar un diálogo con personal del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a fin de valorar las medidas para prevenir cualquier acto de autoridad que vulnere la integridad de los internos, y con ello dignificar el trato y condiciones de los lugares de internamiento federales.

Además del penal de Almoloya, fueron visitados los centros federales de Occidente, en El Salto, Jalisco; Noroeste, en Tepic, Nayarit; Oriente, en Villa Aldama, Veracruz; Sureste, en Huimanguillo, Tabasco; Nor-noreste, en Durango, Durango; Norponiente, en Guasave, Sinaloa, y Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De igual forma, en esas mismas fechas, personal de la CNDH estuvo en Complejo Penitenciario Islas Marías, en el archipiélago Islas Marías, Nayarit –integrado por cuatro centros denominados Aserradero, Bugambilias, Laguna del Toro y Morelos–, y en el Centro Federal de Rehabilitación Sicosocial, en Ciudad Ayala, Morelos, donde están recluidas exclusivamente mujeres.