Hace casi siete años, el Senado aprobó la Ley de Seguridad Nacional, en que se instauró el marco jurídico para la participación del Ejército en el combate al crimen organizado. La reforma quedó congelada en la Cámara de Diputados, debido a que el alto mando castrense no estuvo de acuerdo con su contenido y ahora el Congreso se prepara para legislar por segunda ocasión en esa materia.

Hay una iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados y otra del senador panista Roberto Gil Zuarth. Ambas retoman elementos de la iniciativa del ex presidente Felipe Calderón, que el Senado eliminó de la Ley de Seguridad Nacional, que aprobó el 27 de abril de 2010, entre ellas la facultad a las fuerzas armadas de colocar retenes, efectuar arrestos domiciliarios y participar en las investigaciones.

Calderón proponía también dar facultades de investigación al Ejército y permitirle la retención de arrestados más allá del plazo constitucional de 72 horas, lo que también fue eliminado de la minuta que el Senado remitió a la Cámara de Diputados y en que se establecía la participación temporal de los militares en tareas de seguridad interior.

La acción del Ejército era en auxilio de las autoridades civiles competentes en casos de afectación a la seguridad interior. Los senadores asentaron además que la declaratoria de afectación a la seguridad interior en ningún caso podría ser por tiempo indefinido y no procederá en el caso de conflictos político-electorales ni de movimientos sociales.

El entonces coordinador del PRI en en la Cámara de Diputados, Alfonso Navarrete, presentó cambios a la minuta, que rechazaron PRD y PAN en San Lázaro.

El senador perredista Armando Ríos Piter, que en 2010 era coordinador de los diputados del PRD, recordó que su bancada rechazó esa propuesta del PRI, pues pretendía dar atribuciones a las fuerzas armadas contrarias a la Constitución. Militarizar la seguridad pública, recordó.

El coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, comentó que la discusión que se dará en el Senado a principios de enero, debe incluir esa minuta que se quedó en San Lázaro y analizar a fondo la iniciativa del PRI y la del panista Gil, a fin de dar al Ejército el marco jurídico que requiere para continuar en las calles, en la lucha contra la delincuencia organizada, pero sin militarizar al país.

La iniciativa de Gil, presentada el pasado septiembre, incorpora planteamientos de la propuesta de Calderón, que fueron rechazadas en la discusión de 2010, entre ellas retenes integrados por fuerzas civiles y militares que podrán disponer desde el uso legítimo de la fuerza hasta su uso letal, bajo protocolos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Su iniciativa permite que militares reciban denuncias de delitos, participar en la detención de personas, recabar datos de manera voluntaria entre testigos, así como recolectar, procesar, diseminar y explotar información, para prevenir, disuadir, contener y neutralizar afectaciones a la seguridad interior.