La baja presupuestal para este año obligó a la Secretaría de Gobernación (SG) a buscar alternativas para mitigar la reducción en la entrega de recursos a las entidades federativas. Esto ocurre, por ejemplo, en las políticas públicas para el combate a los delitos de alto impacto y en general para el fortalecimiento de instancias de seguridad.

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) tiene, en números redondos, una bolsa a repartir este año de 7 mil millones de pesos. Si bien el recorte es menor (232 millones de pesos), hay otros rubros afectados, como el dedicado al fortalecimiento de las policías municipales y lo concerniente a la prevención del delito.

En el caso del FASP se aplicó ayer en la SG el esquema de capacitación para sus operadores de cada entidad, a fin de optimizar recursos en este subsidio enfocado al combate a delitos; el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos; profesionalización y certificación policial; sistemas de información y tecnología para esta materia (incluido el entramado para atender llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas), así como para apuntalar el sistema penitenciario y el nuevo sistema de justicia penal, entre otros objetivos.

En los criterios de reparto se dio más importancia al tamaño de la población de cada estado.

Otros criterios tienen que ver con los resultados de cada gobierno local en el combate a la delincuencia, depuración de sus policías y nivel de hacinamiento en cárceles.

La entidad que recibirá más dinero, etiquetado como recursos FASP, es de nueva cuenta el estado de México, con 495 millones; seguido de la Ciudad de México (450.4 millones), Chiapas (313.1), Jalisco (309.6), Sonora (301.4) y Veracruz (300.3 millones).

En el extremo se ubican Michoacán (con 96 millones); Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit y Colima, con poco más de 100 millones. Esta última recibirá 130.2 millones, pese a que presenta una tasa histórica –y la más alta del país– de homicidios dolosos.

En tanto, Gobernación no precisó los ajustes ante la cancelación del subsidio federal para la prevención del delito. En 2015 la bolsa de esta partida fue de 2 mil 683 millones de pesos; un año después decreció a 2 mil 15 millones, y para 2017 no tiene recursos autorizados.