l gobierno y los representantes empresariales están metidos en un complicado proceso de negociación con sus contrapartes de Estados Unidos en materia de comercio y flujo de inversiones.

El escenario aún no apunta en una dirección clara, pero se dice que se negociará ojo por ojo y que no se admitirán aumentos a los aranceles.

En este proceso es necesario distinguir entre los elementos que componen una estrategia y aquellos que definen los planes a seguir.

La estrategia tiene que ver, de modo intuitivo, con los objetivos más relevantes que se quieren conseguir y que deben ser definidos de la manera más clara posible para no perder el rumbo. Este es un asidero para los planes y que están encaminados a otra serie de objetivos subordinados.

En cuanto a la estrategia, según los estudiosos del tema, entre ellos especialmente historiadores de la guerra y militares, advierten que cuando los planes son incompletos y están desconectados de los problemas que ostensiblemente pretenden enfrentar, tienden a enmascararse como estrategias y a establecer un engañosa lógica que lleva a errar.

Esta es una clara advertencia que hace el general H.R McMaster, recién nombrado jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en una reseña escrita hace unos años.

Una definición simple de la estrategia, dice ahí, consiste en identificar, utilizar y coordinar los recursos para alcanzar un objetivo determinado. Pero el quid del asunto es que esto depende, claro está, de los propios objetivos políticos y de aquellos que persiguen los oponentes. Ambos están cercanamente conectados y de ahí la complejidad del problema, sobre todo en cuanto a la capacidad de definir los instrumentos para llegar a un fin determinado.

La cuestión que me parece clave corresponde al aspecto de los objetivos políticos que se fijan. En el conflicto abierto entre ambos países, México no debiera actuar como si los objetivos internos estuvieran predefinidos y, más aún, como si fueran compartidos de manera general en la sociedad. De alguna manera, primero retórica y cada vez más de modo concreto y práctico, el gobierno del presidente Donald Trump ha expresado esos objetivos explícitamente. No así, todavía, el gobierno de México.

Tiene que diferenciarse, por un lado, el ámbito eminentemente económico que está detrás de la renegociación del TLCAN que impulsa Washington y ha puesto en manos del empresario Wilbur Ross; por otro, el proyecto político que llevó a Trump a la presidencia.

El entorno político en México tiene, en el contexto de este conflicto, componentes propios, que se arrastran desde hace largo tiempo y no se superan. Éstos abarcan tanto los muy diversos aspectos del funcionamiento de la economía como sus repercusiones sociales.

El entorno político está cuestionado y se abre pronto la temporada electoral. La arena en el estado de México ya está en clara disputa. Un objetivo del gobierno es mantener el poder, de ahí que cualquier otro desenlace es sub óptimo. Esta condición no está fuera de las consideraciones de cómo encarar la negociación económica en materia del TLCAN. No podía ser de otra manera, pero no por ello puede obviarse.

En una de las referencias del texto de Mc Master se señala que cuando no se consideran los vínculos entre los fines y los medios, se corre el riesgo de caer en una postura demasiado optimista acerca de la capacidad de un determinado instrumento de poder para conseguir un fin específico.

El punto es que la estrategia está necesariamente conectada con la consecución de un fin político satisfactorio por parte de quien la define y ejecuta. La negociación del TLCAN no se da en el vacío.

La estrategia, en general, exige la gestión de una interacción compleja de la organización interna con un ámbito externo disputado. Ese ámbito externo aparece hoy no sólo en cuanto al conflicto con el otro gobierno, sino en el terreno interno de la lucha por el poder.

En el marco de diversos aspectos de la cercana relación comercial y financiera creada entre los dos países por el TLCAN durante más de 20 años, hay cuestiones que conviene tener en cuenta en un horizonte estratégico de más largo plazo.

En una nota reciente, Ricardo Hausmann, economista de la Universidad de Harvard, apunta que en el año 2000 había 18.8 millones de empleos manufactureros en Estados Unidos y 7.7 millones en México. En 2010, en aquel país, éstos se habían reducido una tercera parte, hasta 6.2 millones, mientras en nuestra nación aumentaron únicamente en 200 mil. Esos puesto de trabajo no se trasladaron para acá.

Pero en cuanto a la productividad por trabajador, en ese mismo lapso, allá aumentó casi 44 por ciento (3.7 puntos porcentuales al año), muy por encima del resto de la economía. En México, en tanto, la productividad declinó en términos acumulativos 1.5 por ciento en esos años. Esto significó pasar de 26 por ciento del nivel estadunidense a 17.8.

Este es un asunto clave del modelo económico vigente en el país. Es en este sentido que la noción de la estrategia para el conflicto económico se hace patente. Y de ahí que los planes que se pretenden seguir puedan hacer que la larga batalla para la que se prepara el gobierno no afirme la estrategia que el país necesita.