En los recientes dos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 25 recomendaciones por violencia obstétrica a diversas instituciones públicas de salud del gobierno federal y estatales, la cual causó 16 muertes infantiles y seis maternas.

A pesar de ser un creciente fenómeno en la década pasada, no fue hasta 2015 cuando la CNDH empezó a utilizar el término violencia obstétrica, definida como toda acción u omisión del personal de salud, de tipo médico o administrativo, que dañe física o sicológicamente, lastime o denigre a las mujeres de cualquier edad durante el embarazo, parto o puerperio, así como la negligencia en su atención médica. También se incluye que sus decisiones no sean respetadas.

De hecho, por primera vez, en 2017, el Sistema Nacional de Alerta por Violación a los Derechos Humanos del organismo nacional clasificó las quejas por negligencia médica –muchas ligadas a la violencia obstétrica– dentro de los hechos violatorios de mayor impacto, categoría en la que se encuentran también los delitos de desaparición forzada, privación de la vida, detención arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos.

Incluso la CNDH prepara una recomendación general sobre violencia obstétrica, a fin de impulsar una política pública del gobierno federal para atender esta situación.

De acuerdo con información de transparencia, de las 22 recomendaciones señaladas, 13 corresponden a 2015 y nueve a 2016.

Además, 14 de ellas fueron dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tres al Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). Por estados, Oaxaca y Tabasco tuvieron dos cada una. Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Veracruz, con una. Una recomendación puede ser dirigida a una o más autoridades, por lo que el número total no coincide.

Según información de la CNDH, entre 2008 y 2017 fueron recibidas 257 quejas por negligencia médica y privación de la vida del producto de la concepción; por omitir la prestación de asistencia médica especial, en caso de maternidad e infancia, y por infringir los derechos de maternidad.