La intolerancia religiosa que se experimenta en México es grave, pues genera desplazados en diversos estados, reconoció Arturo Manuel Díaz León, director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación.

En el coloquio Libertad religiosa y Estado laico en México: alcances y retos (1992-2017), organizado por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y la Konrad-Adenauer-Stiftung, el funcionario precisó que al mismo tiempo que ocurre dicha intolerancia, la libertad religiosa está garantizada por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Explicó que está norma establece el derecho a la libertad de creencias y a que nadie puede ser discriminado por el ejercicio de su expresión religiosa.

En entrevista posterior, detalló que la intolerancia religiosa se da principalmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán e Hidalgo, y mencionó el caso de Guadalajara, el cual calificó de atípico, porque en Jalisco no suele haber problemas de ese tipo.

Detalló que los desplazados son familias cristianas evangélicas de la zona huichol, que están resguardadas en un albergue del gobierno estatal porque fueron desplazadas al negarse a cooperar para las fiestas patronales católicas.

Dijo que mentiría si dice que el problema de la intolerancia religiosa se puede resolver fácilmente, porque es un tema cultural. Señaló que, en general, los feligreses cristianos evangélicos son los que más sufren este fenómeno, porque estos credos han sumado adeptos en muchos estados, principalmente en Chiapas.

Acerca de la relación Estado-iglesias, dijo que es muy cordial, de mutuo respeto y con un diálogo constante.

Tras señalar que en el país existen 8 mil 737 asociaciones religiosas registradas ante Gobernación, recordó que en semanas recientes el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y después con pastores evangélicos.

Respecto de la ayuda que pueden proporcionar las iglesias, principalmente la católica y las cristianas evangélicas en la atención de migrantes, tanto en Estados Unidos como en México, subrayó que los ministros evangélicos y católicos expresaron al gobierno su disposición a apoyar a este sector, lo cual fue aceptado por la administración federal.