Toluca, Méx.

Cincuenta y dos de los 125 presidentes municipales mexiquenses se resisten a transparentar sus percepciones como lo mandata la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

A pesar de que esta obligación legal existe desde 2004, cuando se aprobó la primera normatividad en la materia, aún hay alcaldes que prefieren no informar de cuánto ganan mensualmente en salarios, bonos y gratificaciones, entre otros apoyos.

El artículo 24 de la mencionada legislación señala que los sujetos obligados –como lo son los alcaldes– deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones generales de transparencia, por ejemplo difundir los montos de sus percepciones.

Para este caso, el artículo 92 indica en su fracción octava que se deberá difundir la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.

Para dar cumplimiento a esta obligación, los ayuntamientos podrán cumplir esta obligación mediante sus sitios de Internet, señala el artículo 75 del mismo ordenamiento. En una revisión de cada uno de los sitios web de los ayuntamientos y de la plataforma de transparencia estatal Ipomex, sólo 73 ediles cumplen con la obligación de transparentar sus percepciones, y 52 las esconden.

Hay municipios grandes como Texcoco, Tultitlán, Nicolás Romero, Coacalco e Ixtapaluca, que a pesar de tener infraestructura para actualizar sus páginas web, no han subido información al respecto.

La mayoría de los infractores de esta obligación legal son municipios rurales o pequeños como Almoloya de Alquisiras, Amanalco, Amatepec, Atizapán, Atlautla, Cocotitlán, Ecatzingo, Ixtapan del Oro o Tlatlaya, pero existen municipios medianos como Huehuetoca, Melchor Ocampo, Amecameca, Ocoyoacac y Tultepec, que tampoco cumplen.

La ley de transparencia señala que cualquier sujeto obligado –en este caso presidentes municipales– que no cumplen con esta norma podrá ser sujeto a sanciones que pueden ir de amonestación a una sanción económica, o el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en materia administrativa.

Así que infractores como los alcaldes de Papalotla, Rayón, San Antonio la Isla, San Simón de Guerrero, Temascalcingo, Aculo, Ocuilan, Tlalmanalco, Tonanitla, Villa de Allende y Zacazonapan, entre otros, podrán ser acreedores a sanciones si no cumplen con esta obligación legal.