En México siguen existiendo graves problemas de derechos humanos, entre ellos los asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas armadas al realizar tareas de seguridad pública, así como la corrupción en el sistema judicial y las constantes agresiones contra migrantes, periodistas y miembros de organizaciones civiles.

Así lo advirtió el Departamento de Estado estadunidense en su Reporte de prácticas de derechos humanos 2016, donde añadió que persisten las detenciones arbitrarias, además de malas condiciones del sistema carcelario y tráfico de personas. También señala abusos y discriminación contra mujeres, niñas y niños, personas con alguna discapacidad, indígenas, grupos de diversidad sexual y migrantes, así como condiciones de empleo muy precarias y explotación laboral infantil.

De acuerdo con la agencia de noticias Afp, el Departamento de Estado rompió esta vez con la tradición de años anteriores de presentar el documento en una ceremonia encabezada por el propio titular del organismo. En esta ocasión, el gobierno de Donald Trump decidió simplemente colocarlo en la página web de esa instancia (www.state.gov).

En su apartado sobre México –de 36 páginas–, el informe destacó en primer lugar que hay muchos reportes de que agentes del gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales, frecuentemente en medio de la impunidad, y consignó que algunos asesinatos perpetrados por el crimen organizado contaron con la complicidad de policías o militares.

Una prueba de ello, agregó, es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió tan sólo entre enero y noviembre del año pasado 27 quejas por privación de la vida.

Entre los ejemplos que menciona el informe se encuentran la ejecución extrajudicial de 22 supuestos delincuentes en Tlatlaya, estado de México, a manos del Ejército, así como el asesinato de al menos 10 guardias comunitarios en Apatzingán y de 22 personas en Tanhuato, estos dos últimos episodios cometidos por elementos de la Policía Federal.

De igual forma, el Departamento de Estado documentó la existencia de gran cantidad de casos de desaparición cometidos tanto por grupos delincuenciales como por las propias fuerzas de seguridad del gobierno, así como la escasez de sentencias por este delito y la falta de homogeneidad en la tipificación del mismo en las 32 entidades de la República.

Respecto de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, el organismo encargado de las relaciones exteriores de Washington puntualizó que existen múltiples reportes de que los funcionarios mexicanos siguen utilizando dichas herramientas ilegales.

Aunque no hay un registro nacional de casos de tortura, la Procuraduría General de la República informó haber recibido 4 mil denuncias por este delito en los primeros nueve meses de 2016. De igual manera, la CNDH dijo que hasta finales de octubre del año pasado registró 206 posibles casos de tortura y 451 de tratos inhumanos o degradantes.

En el punto dedicado al sistema penitenciario de México, el reporte señaló que la gran mayoría de las cárceles presentan condiciones duras y que ponen en riesgo la vida (de los internos) debido a la corrupción, el abuso sobre los prisioneros, la sobrepoblación, las adicciones al alcohol y las drogas y la falta de seguridad y control por parte de los custodios.

Asimismo, el documento puso de relieve que el gobierno ha fallado con mucha frecuencia para evitar que sus elementos de seguridad cometan detenciones arbitrarias, y que las personas arrestadas suelen ser incomunicadas durante horas antes de ser puestas a disposición de un juez. Además, no hay garantías de que un detenido pueda gozar de una defensa adecuada.

En lo que se refiere a libertad de prensa, el documento enfatizó que muchos periodistas han sido blanco de agresiones físicas, hostigamiento e intimidación, y que los perpetradores de dicha violencia siguen actuando con impunidad, ya que existen muy pocos casos exitosos de investigación, arresto o juicio de los responsables.

Por otra parte, se menciona que hasta diciembre de 2015 había registros de que unas 287 mil personas habían tenido que huir de sus lugares de origen a causa de la violencia criminal, política o religiosa. Los principales estados donde se presenta dicho fenómeno son Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua.