El debate en torno a la ley de seguridad interior continúa propiciando posturas divergentes en San Lázaro. Mientras el PRI insiste en dictaminar las siete propuestas existentes, prevaleciendo la del coordiandor César Camacho Quiroz, el PRD reclama ahondar la discusión sobre el tema, y antes que aprobarse, impulsar las leyes contra la desaparición forzada y del mando mixto policiaco.

Alejandro Ojeda, vicepresidente de la Cámara de Diputados, emitió un llamado a todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso de la Unión, particularmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), a que más que aprobar la ley de seguridad interna, primero se debata la ley general contra la desaparición forzada de personas.

Sólo una ley que proteja los derechos humanos inhibirá posibles excesos de las fuerzas armadas, sobre todo que determine de manera efectiva la implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y criterios para sancionar el delito de la desaparición forzada, así como para la protección y asistencia a las víctimas y testigos.

Es incongruente –añadió– que parte de los legisladores priístas que pretenden aprobar una ley de seguridad interna, supuestamente para dar certeza jurídica a las fuerzas armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública, nieguen a la ciudadanía la defensa de sus derechos humanos.

Su compañera Ivanova Pool Pech se sumó al reclamo, y añadió un asunto, el concerniente al mando mixto policial: “en los estados es un tema pendiente y es prioritario que se discuta para atender los problemas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada, así como revisar el artículo 29 de la Constitución, el cual se refiere a la suspensión de las garantías individuales.

Está comprobado que la militarización no soluciona los problemas de inseguridad, pues se debe reconocer que gracias a la corrupción el crimen organizado se expandió e incluso se diversificó desatando la violencia e inseguridad que prevalece en México; incluso los vínculos entre elementos militares y el crimen organizado están perfectamente documentados, basta señalar algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano por crímenes cometidos por el Ejército.