a desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa deja claras e irrebatibles lecciones para los guerrerenses: 1. Su total estado de indefensión. 2. La impunidad en toda su magnitud. También transmite el mensaje de la ineficacia de entes internacionales como la Comisión Interame- ricana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de la Organización de Naciones Unidas, cuyos exhortos, protestas y participación incluso no han sido tomadas en cuenta por el gobierno mexicano y, por lo tanto, no han servido para esclarecer la tragedia ni ha permitido que se castigue a los culpables.

Aun estando encarceladas más de cien personas acusadas de participar en el caso y estando de por medio la verdad histórica oficial, que da como hecho el que los jóvenes fueron quemados y sepultados en el basurero de Cocula, cerrando de este modo las investigaciones, el presidente Enrique Peña Nieto ha declarado ser el principal interesado en que se esclarezcan los hechos y se castigue a los culpables, lo cual ha dejado definido que lo ocurrido no ha sido aclarado ni los culpables castigados. La participación durante 18 meses del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la CIDH para investigar el caso, no fue tomado en cuenta por el gobierno federal, que simuló apoyarlo, pero no tomó en cuenta del todo sus recomendaciones, por cuyo cumplimiento pugna aún infructuosamente mediante un organismo de seguimiento de cuya actuación apenas se sabe ya.

Luego, ¿a quién recurrir en busca de justicia? Ni la CIDH ni la ONU cuentan con facultades para obligar al gobierno mexicano a acatar recomendaciones; es la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que puede generar una sentencia motivada, obligatoria, definitiva e inapelable, pero, por un lado, no se ha ocupado del caso de los 43 y, por otro, hay el antecedente en la entidad misma de que sus veredictos no son respetados en Guerrero.