Organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil calificaron de injustificable la demora de más de un año del Congreso para aprobar la ley general contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos.

Exhortaron a los legisladores a enfocarse de manera urgente en la perfección y votación de la ley –cuya minuta del Senado la tiene ahora la Cámara de Diputados para su revisión–, recordando su obligación ineludible de respetar y garantizar los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales.

En un pronunciamiento, las organizaciones destacaron el reciente informe de seguimiento del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, que también reitera la urgencia de contar con esta ley, cuyo plazo constitucional de aprobación venció en enero de 2016.

Además, se refirió que dicho informe de seguimiento, presentado el fin de semana ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, el relator Nils Melzer concluyó que la tortura sigue siendo una práctica generalizada en México.

El documento precisa que la tortura es comúnmente usada para la obtención de confesiones o como método de castigo, e incluye la asfixia, violencia sexual, descargas eléctricas, amenazas de muerte, palizas y tortura sicológica.

Entre las organizaciones que suscriben el pronunciamiento y la exigencia de que el Congreso actúe con urgencia para aprobar la ley se encuentran los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, Miguel Agustín Pro Juárez, Paso del Norte y Zeferino Ladrillero, además del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.