Tras el amparo otorgado por la justicia federal a un particular que se inconformó con las fotomultas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, señaló que hasta el momento el organismo no ha recibido quejas por violaciones a las garantías individuales, y la revisión que hizo el organismo en su momento fue en torno a si hay alguna condición que pudiera violentar temas de seguridad jurídica.

Sobre la determinación del juzgado octavo de distrito, manifestó que esperaría al fallo que en su caso emitiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar una opinión al respecto; no obstante, destacó dos situaciones en torno a la aplicación del Reglamento de Tránsito: el derecho a la seguridad jurídica para que se garantice a las personas que en su momento puedan tener la debida defensa.

Y en segundo lugar, que el Gobierno de la Ciudad de México pueda hacer las valoraciones para ver si amerita una actualización del propio reglamento.

Gómez Gallardo se manifestó por sensibilizar a la gente de que el reglamento existe y es real, para evitar el número de accidentes, de afectaciones que se hace a personas que pueden ser privadas de la vida o lesionadas por las velocidades que se imprimen en la ciudad.

Añadió que debe hacerse la sensibilización en todos los aspectos, tanto de qué alcances como qué objetivos persigue el reglamento.

Hasta el momento, la comisión no ha señalado que la norma sea violatoria de derechos humanos. Las observaciones que se han hecho refieren a cuestiones sobre el ascenso y descenso de personas, trato a discapacitados y sobre los límites de velocidad.

En diciembre pasado, el Gobierno de la Ciudad de México impugnó el fallo del juez octavo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García, quien declaró inconstitucionales cinco artículos del Reglamento de Tránsito local, relacionados con la aplicación de fotomultas, por ser violatorios del derecho de audiencia.

El juez refirió en su resolutivo que antes de que se aplique la multa, el ciudadano tiene el derechos a ser escuchado y defenderse en torno a la sanción que se le impone sólo con la exhibición de una fotografía como evidencia de que violó la norma vial.

Sin embargo, hasta el momento no es una resolución definitiva y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México mantiene el litigio en tribunales. No obstante, si la sentencia es ratificada por el tribunal colegiado, el gobierno capitalino tiene derecho a inconformarse y analizar si lleva el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.