Integrantes del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (Fmdvd) exigieron a autoridades la libertad del activista local José Humbertus Pérez Espinoza, preso en el penal de Chiconautla, estado de México, desde noviembre de 2015, presuntamente por robar tres casas a mano armada.

Los inconformes se reunieron desde temprano en el monumento a Álvaro Obregón, ubicado en el parque La Bombilla. De ahí marcharon al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde entregaron un documento para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.

En entrevista telefónica desde el penal, Pérez Espinoza demandó que el órgano de justicia investigue a algunos jueces de distrito y magistrados del segundo circuito con sede en Naucalpan y Toluca, estado de México, debido a que no cumplen con la Constitución por no estar certificados.

“Estos operadores de justicia contravienen el artículo octavo transitorio de la reforma penal publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, por lo que no podrían fungir como operadores de justicia en el nuevo sistema penal, acusatorio y oral.”

Denunció una serie de irregularidades en su caso, entre ellas que de manera sorpresiva fue removido como presidente del segundo tribunal colegiado en material penal de segundo circuito, con sede en Toluca, el juez Óscar Espinoza Durán, ponente y responsable del proyecto de resolución del recurso de revisión del amparo 342/2016 sobre su vinculación a proceso.

En su lugar, explicó, nombraron al magistrado Adalí Ambriz Landa, de quien puso en duda su historial en el CJF. Esta designación sólo tiene una respuesta: impedir mi libertad y que van a prevalecer los intereses de varias constructoras de viviendas.