l secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, da un pésimo ejemplo como servidor público al descalificar, mediante palabrería tan presurosa como somera, la denuncia formal que un partido político ha hecho ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que se investiguen los probables ilícitos cometidos por el propio Meade cuando era secretario de Relaciones Exteriores, al entregar de manera impropia, y sin la adecuada comprobación de buen uso, más de mil millones de pesos a un esquema de triangulaciones en Estados Unidos cuya beneficiaria operativa resultó ser la panista Josefina Vázquez Mota, ahora candidata a gobernar el estado de México.

Meade Kuribreña, el más panista de los miembros del gabinete encabezado por el priísta Peña Nieto, fue alto funcionario federal en los gobiernos de Acción Nacional encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón. Además, ya como canciller peñista, en él recayó la responsabilidad jurídica de transferir fondos de tal magnitud a fundaciones en Estados Unidos y, al final, al brazo operativo real, Juntos Podemos, con Vázquez Mota como presidenta honoraria pero plenamente ejecutiva.

No corresponde a Meade, señalado como presunto responsable o copartícipe, declararse exculpado y, en tanto servidor público, obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución, tampoco debería descalificar mediante declaraciones insulsas un proceso legítimo de investigación que ha solicitado un partido, Morena, que representa, también, un interés público.

Meade ha pretendido ampararse, igual que Vázquez Mota, en la primera revisión superficial, correspondiente sólo a una parte del monto a investigar, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho al caso #Josefina1000, en la cual, por cierto, dicha ASF encontró irregularidades y omisiones que no son de poca monta ni significancia. Más que desestimar el tema con alegatos meramente retóricos, y ante la presunción de que la ASF y la PGR poco harán realmente en su contra, Meade y Vázquez Mota deberían esmerarse en aclarar todo a fondo.

Dos mujeres fueron nombradas secretarias adjuntas del comité nacional priísta luego del nombramiento de Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari como secretaria general (para instalarla ahí, primero se le nombró titular de organización, en relevo del senador Arturo Zamora, que ocupa la CNOP, uno de los tres sectores del partido tricolor).

Las nuevas funcionarias partidistas son Sylvana Beltrones Sánchez y Mercedes del Carmen Guillén Vicente (a quien llaman Paloma), cargadas también de referencias familiares. La primera es hija de Manlio Fabio Beltrones Rivera, el sonorense que se ha convertido en emblema del priísmo clásico (con todo lo que esto conlleva) y al cual Enrique Peña Nieto trata abiertamente de mantener quieto, en la ruta del destape del siguiente candidato presidencial priísta, que se dice será por allá de octubre. Sylvana es esposa de Pablo Escudero, senador a nombre del Partido Verde Ecologista de México (con todo lo que esto conlleva), a quien una mano superior ha construido una carrera política de vértigo, a tal grado que actualmente preside la mesa directiva del Senado de la República. Desde su nuevo cargo, Sylvana Beltrones podrá ser, de manera natural, candidata a senadora, tal vez por Sonora, donde su padre fue gobernador y mantiene fuerte influencia en la actual mandataria, Claudia Pavlovich, a quien por ello mencionan como Manliovich.

La segunda es hermana de Rafael Sebastián Guillén Vicente, quien, según informaciones gubernamentales, es el subcomandante Marcos, ahora con nueva denominación, como subcomandante Galeano. Mercedes del Carmen, motejada Paloma, ha sido priísta a plenitud, sin interferencias ni confrontación con las acciones de su presunto hermano con pasamontañas. Ha tenido responsabilidades gubernamentales en los planos tamaulipecos y federal, incluso dos veces como diputada local y dos como diputada federal. Fue secretaria de Gobierno con Tomás Yarrington y procuradora estatal de justicia con Eugenio Hernández, dos mandatarios de Tamaulipas acusados con insistencia de formar parte de la narcopolítica. Paloma también fue subsecretaria de Gobernación, con Miguel Ángel Osorio Chong.

Claudia, la jefa formal de Sylvana y Paloma, es hija de José Francisco Ruiz Massieu, ex gobernador de Guerrero que ocupó la misma secretaría general del comité nacional priísta y que fue asesinado afuera de un hotel del centro de la Ciudad de México cuando era diputado federal electo y se encaminaba a la coordinación de sus homólogos e incluso, según diversas versiones, a la Secretaría de Gobernación en cuanto Ernesto Zedillo Ponce de León rindiera protesta como presidente de la República en el sangriento 1994.

La ejecución de José Francisco Ruiz Massieu (JFRM) tuvo como contexto político los preparativos de Zedillo para desatar una guerra política contra el salinismo, específicamente contra las pretensiones de maximato del presidente saliente, Carlos, y los negocios del virtual comisionista familiar, Raúl. JFRM estuvo casado con Adriana Salinas de Gortari. A pesar de su aparente inexperiencia y debilidad frente al poderoso Carlos Salinas de Gortari, pudo Zedillo mantenerlo a raya durante su sexenio, virtualmente exiliado y con Raúl en la cárcel.

Ahora, los vuelcos y reacomodos políticos colocan en posiciones relevantes a familiares de personajes protagónicos del gran drama nacional de 1994, cuando el sistema político mexicano tuvo graves contracturas cuyos efectos persisten. Aquel año comenzó con la rebelión zapatista encabezada por el subcomandante Marcos (Guillén Vicente), cruzó marzo con la ejecución de Luis Donaldo Colosio (el gobernador de Sonora era Beltrones, quien luego pasaría un sexenio de ostracismo con Zedillo) y desembocó en septiembre con la ejecución del diputado electo Ruiz Massieu.

Y, mientras Mancera dice que no tiene por qué rajarse en buscar la candidatura presidencial, ¡hasta el próximo lunes, con la creciente indignación de aspirantes a becas del Conacyt, cuyo número se ha recortado!

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