Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue sentenciado por el juzgado 12 de distrito en materia penal a ocho años de prisión al ser encontrado culpable del delito de enriquecimiento ilícito.

La autoridad jurisdiccional le impuso también una inhabilitación por ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos; el pago de 545 días de multa, equivalentes a 31 mil 315 pesos, sustituibles por igual número de jornadas de trabajo, en caso de insolvencia económica; el decomiso de los bienes cuya procedencia no logró acreditar; la suspensión de derechos políticos y civiles, y una amonestación pública.

La sentencia del juez federal señala que quedó acreditado que en el periodo de 2001 al 27 de octubre de 2010 el ex funcionario tuvo como única fuente de ingresos su sueldo con motivo de los cargos que desempeñó en la CFE, por los que percibió 21 millones 51 mil 887 pesos.

Sin embargo, incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de 36 millones 13 mil 379 pesos, con bienes de origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público, sin demostrar su licitud.

El juzgado federal señaló que el sentenciado obtuvo de manera ilícita 7 millones 694 mil 441 pesos que fueron depositados en diversas cuentas bancarias, adquirió un terreno en Ensenada, Baja California, con valor de 416 mil 145 pesos, y cuatro vehículos con valor de más de 300 mil pesos, recursos que se destinaron al pago de una tarjeta de crédito en Estados Unidos, por un monto de un millón 785 mil 12 pesos. Asimismo, obtuvo un yate con valor de 22 millones 125 mil 168 pesos y un vehículo marca Ferrari Spider con valor de 3 millones 258 mil 279 pesos.

El ex director de Operaciones de la CFE se encuentra encarcelado desde abril de 2012, luego de que fue detenido en un estacionamiento en la ciudad de Hermosillo, Sonora, con base en un mandamiento judicial obtenido por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, de la Procuraduría General de la República.