El proyecto de ley de seguridad interior que se discute en el Congreso no es la solución para detener la presencia del crimen organizado, el cual ha propiciado el desplazamiento de cerca de 40 mil campesinos e indígenas, principalmente de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas, señaló José Jacobo Femat, presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp). En entrevista, precisó que la iniciativa no es una alternativa viable y mucho menos segura para controlar y disminuir la capacidad de los grupos criminales en México. Refirió que en 10 años de participación del Ejército en el combate a grupos delincuenciales, el crimen organizado no sólo no disminuyó su capacidad; por el contrario, amplió su presencia y poder, con influencia directa incluso en estructuras del poder institucional de los tres niveles de gobierno. Consideró que en apariencia se mejoró la preparación y armamento de las policías, incluso se constituyó en diciembre de 2012 la Gendarmería Nacional, que tampoco fue el remedio que el problema reclamaba.