La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano es responsable de la violación al derecho a la vida del tzeltal Gilberto Jiménez Hernández, ejecutado a manos elementos del Ejército en Altamirano, Chiapas, el 20 de febrero de 1995, dentro del llamado Plan de Campaña Chiapas 94, con el que pretendía retomar el territorio en el que había operado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

La CIDH señala que el Estado mexicano no ha cumplido, luego de 22 años, ninguna de las recomendaciones emitidas para reparar el daño y garantizar la no repetición de los hechos. También se cometieron agravios y delitos en contra de familiares de la víctima y pobladores.

Los hechos ocurrieron en el ejido La Grandeza, en Altamirano, cuando oficiales del Ejército ejecutaron extrajudicialmente a Jiménez Hernández mientras huía con su familia y unos 70 pobladores. Presuntamente hubo investigaciones del fuero ordinario, federal y estatal, así como militar, pero la impunidad prevaleció.

La versión del Estado es que la muerte se produjo como resultado de un enfrentamiento entre integrantes del EZLN, grupo al que pertenecía la víctima, y miembros del Ejército.

Estos hechos se dieron después del 9 de febrero de 1995, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo lanzó al Ejército contra el EZLN, traicionando su ofrecimiento de diálogo. Ese mismo día, la Procuraduría General de la República daba a conocer que miembros de la dirigencia zapatista habían sido acusados del uso de armas exclusivas del Ejército y terrorismo.

De acuerdo con testimonios de pobladores, los militares ‘‘abrieron fuego continuo’’ en contra de la gente que se había refugiado en un improvisado campamento en el cerro ante la alerta de que llegarían los militares. En la comunidad vacía, el Ejército destrozó el interior de las casas, dijeron.

Tras los disparos, el 20 de febrero los pobladores huyeron. Gilberto Jiménez intentó esconderse, pero no pudo porque llevaba a su hija de dos años ‘‘atada a su espalda con un rebozo’’. El soldado Abner García Torres lo encontró y le ordenó en español que se detuviera.

Gilberto obedeció y se tendió en el suelo, pero el militar, ‘‘sin ningún aviso ni motivo, le disparó sin importar que llevara a su hija en la espalda’’. Una de las balas penetró en su ojo derecho y le causó la muerte inmediata; su esposa y varios de sus diez hijos con los que huía fueron testigos de la ejecución.