ené Urrutia de la Vega fue elegido fiscal general del estado por 25 diputados del Congreso. Su hermana, la legisladora Cristina Urrutia de la Vega, pidió permiso a la mesa directiva para ausentarse durante la votación, por considerar que su intervención implicaba conflicto de intereses. Hubo una abstención del Partido Verde Ecologista de México.

Tanto el gobernador como miembros del Congreso han defendido la previsible elección del fiscal, al negar que el parentesco fuera tan determinante como para que Martín Orozco declarara que fue una gran coincidencia.

Lo que no es coincidencia es que René Urrutia no cumple la residencia mínima de tres años en Aguascalientes, como estipula el artículo 53 de la Constitución local. El nuevo fiscal tampoco nació en el estado, como indicó el Consejo de Abogados, que ya mostró intenciones de impugnar la designación del fiscal. Tampoco hubo una convocatoria abierta y democrática para la selección, a lo cual se suma que el nuevo fiscal tiene una hermana en el Congreso.

En enero la fiscalía reportó 5 mil 950 averiguaciones previas en trámite, y más de 130 denuncias por tortura acumuladas en su contra ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

No se puede desconfiar de René Urrutia de la Vega por el simple hecho de ser hermano de una diputada, pero sí generan desconfianza la absoluta falta de análisis de los diputados, la opacidad de un procedimiento que debía ser transparente y los acuerdos planchados que impiden discutir en el pleno las iniciativas pactadas en lo oscurito. El nuevo fiscal no sólo cargará con una herencia de sospecha; tendrá que trabajar para limpiar su imagen y para demostrar autonomía respecto del Ejecutivo estatal, pues trae a cuestas el elogio envenenado del mayoriteo.

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