al como lo auguraba el sentido común, algunas de las iniciativas previstas por el locuaz presidente de Estados Unidos en temas que afectan directamente los intereses de sus gobernados están destinadas a tropezar con el escollo del Congreso, pese a que el Partido Republicano, que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca, tiene mayoría en las dos cámaras. Como una prueba más de que la realpolitik (la política que se rige no por teorías sino por intereses concretos y operantes en la sociedad) casi siempre termina prevaleciendo sobre las intenciones de los gobernantes, ahora el Ejecutivo estadunidense debió retirar su proyecto de ley de salud apenas una hora antes de que fuera sometido a votación, ante la evidencia de que no alcanzaría los sufragios necesarios para ser aprobado.

Así, la intención de acabar de un día para otro con el llamado Obamacare (la reforma sanitaria de Barack Obama) y sustituirlo por un sistema que reduzca el gasto público a costa de dejar sin cobertura de salud a millones de personas, deberá quedar para mejor oportunidad. Y aunque el propio Trump se apresuró a prometer de nueva cuenta una gran ley de salud para el futuro, los hechos le advirtieron que no todos sus compañeros de partido estarán dispuestos a apoyar sin más sus iniciativas cuando éstas tengan un costo político demasiado alto. En esta ocasión, paradójicamente, el rechazo al Trumpcare estuvo determinado por la ultraderecha republicana en la Cámara de Representantes, convencida de que los drásticos recortes al sector salud propuestos por el presidente eran todavía insuficientes. Pero radicalizar aún más ese rubro hubiera sido insostenible: si tal como fue presentada la iniciativa contaba con un nivel de aprobación ciudadana de apenas 17 por ciento, una mayor reducción presupuestal hubiera significado un apoyo aún menor para la administración trumpista.

Aunque este revés no ha sido el único que ha recibido el mandatario estadunidense en su incipiente gestión (basta recordar las escaramuzas que ha mantenido con el sistema judicial, principalmente por cuestiones migratorias), resulta el más significativo porque constituye un indicador de que el sendero que se han propuesto recorrer Trump y sus incondicionales no siempre va a ser llano y placentero. La oposición demócrata en el Congreso, con todo y su calidad de minoritaria, puede apuntarse algunas victorias parciales, como la del Trumpgate (de hecho, el presidente no sólo se quejó de los representantes republicanos remisos, sino también de no haber recibido ninguna ayuda de parte de los demócratas).

En este contexto cabe inscribir la próxima discusión de los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del que desde hace más de dos decenios forma parte México. Desde el inicio mismo de su mandato, Trump aseguró que el tratado es un desastre para los empleos y los salarios en su país y que urge revisarlo, pero sólo en lo referente a la participación mexicana: con Canadá –dijo– tenemos una relación espectacular. Ayer mismo, el Wall Street Journal, medio cuya opinión suele pesar en materia de negocios y economía, alertó sobre los perjuicios que sufrirían los productores agrícolas de Estados Unidos si, como resultado de la negociación impulsada por Trump, llegaran a perder el acceso al mercado mexicano. Y si los representantes republicanos piensan bien su voto cuando se trata de apoyar una decisión que los afecte, aun cuando ésta sea sugerida por su presidente, es seguro que también escucharán atentamente a los cabilderos que les proponen flexibilidad y mesura a la hora de negociar el tratado en nombre de los agricultores estadunidenses, quienes alimentan una de las industrias económicamente más importantes de su país.

Que en México el TLCAN tenga partidarios y detractores es un tema aparte. Lo que parece seguro es que, en la mesa de negociaciones, para los negociadores de Trump no todo el monte será orégano.