El debate sobre el recorte de las prerrogativas a los partidos políticos en la Cámara de Diputados se vio reducido a las dos propuestas (de un total de 16 iniciativas), de un legislador independiente y del PRD. Ahora se pretende que los partidos obtengan financiamiento de acuerdo con el número de votos obtenidos, y que en las boletas electorales se incluya un recuadro para que los ciudadanos expresen su malestar con las fuerzas políticas que contenderán en 2018.

No obstante, durante la última reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro la crítica a esa postura correspondió al partido Morena, porque implicará que todas las fuerzas políticas busquen mayor número de votos mediante la compra de éstos, y así asegurar más elevados financiamientos, explicó el diputado de ese partido Rodrigo Abdalá.

Morena presentó una iniciativa, que fue rechazada por el resto de las fuerzas políticas, pues proponía el recorte tajante de 50 por ciento en el financiamiento a los partidos.

Pese a las críticas al actual modelo de financiamiento surgidas de PRI, PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y Partido Eencuentro Social (PES) –este último pretende que el financiamiento total sea privado–, la idea y propuesta que permea como factible para aprobarse en San Lázaro es a mayor número de votos, más recursos públicos para financiar el sistema de partidos.

Rodrigo Abdalá, representante poblano por Morena, expuso la situación de la campaña mediática Sin voto no hay dinero, surgida en el Congreso de Jalisco, donde hay predominio de MC:

Sobre ese tema se englobó un dictamen con 16 iniciativas, pero de esas 16 sólo se tomaron en cuenta dos para elaborar el dictamen: la iniciativa que presentó Agustín Basave, del PRD, y un diputado independiente del Congreso de Jalisco, Pedro Kumamoto, y se llegó a la conclusión de cómo quedaría el artículo 41 de la Constitución en torno al financiamiento de los partidos políticos, y sólo se toman dos iniciativas.

La iniciativa de sin voto no hay dinero, de Kumamoto, establece que el financiamiento a los partidos se tiene que implementar con base en la votación efectiva, que es la que los partidos políticos obtuvieron, porque hoy en día el financiamiento se define conforme al padrón electoral.

A esto se suma un nuevo criterio que Basave llamó voto blanco. Argumenta que mucha gente no vota por ciertas razones, como vacaciones, estar en tránsito, que no se encuentran en México, y lo que no toma en cuenta es que mucha gente que no vota no lo hace porque está en esas circunstancias, para mostrar su inconformidad contra los partidos políticos, sino porque simplemente no pudo acudir a la casilla.

Lo que Basave propone es que en la boleta electoral se incluya, junto a los recuadros de los partidos, un cuadro que diga voto blanco, y que ese voto blanco sea tachado por la gente que quiera protestar contra los partidos y no se inhiba la participación social.

Nuestro reclamo es que dentro de la elaboración del dictamen no se tomó en cuenta la propuesta de Morena, de reducir de inmediato ya la prerrogativa pública a la mitad de los que se ha autorizado a los partidos. Y ahorrar 2 mil 500 millones de pesos al erario.

–Qué riesgos se corren –se le inquirió.

–Lo que Kumamoto no toma en cuenta en su iniciativa es que sigue prevaleciendo el financiamiento local a los partidos, cosa que no se está atendiendo y se tenía que hacer, algo muy importante, cuando tú sabes que el finaciamiento está en función de los votos que obtengas, pero para la próxima elección donde habrá de definirse tu financiamiento, tú llegas con el financiamiento y con el esquema previo.

Advertimos que partidos que se han dedicado a prácticas corruptas van a hacer lo posible por seguir obteniendo votos, y como ya no tienen la simpatía o la sociedad con los electores va a hacer todo lo posible por comprar votos a costa de lo que sea.

–De aprobarse eso, se va a estar denunciando dentro de año y medio, que se repite la historia de la compra del voto –se le dijo.

–O vamos a ver lo que sucede en el estado de México, donde hay evidencia de que se han destinado de manera discrecional programas sociales –dinero público– para comprar votos y voluntades, porque la gente está muy amolada. Se está destinando para corporativizar el voto.