Dos años y medio después del ataque a los jóvenes de Ayotzinapa, el gobierno federal afirma que todas las líneas de investigación siguen abiertas. Sin embargo, subraya que hasta ahora no hay elementos para desechar la denominada verdad histórica, según la cual los 43 jóvenes –en calidad de desaparecidos– fueron quemados y sus restos esparcidos en un río.

Este señalamiento causó una discusión entre funcionarios y representantes de las víctimas durante la más reciente sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, dedicada al tema.

La Secretaría de Gobernación (SG) afirma que no se trata de una defensa de la verdad histórica, sino el apunte de que hasta ahora no hay aun elementos probatorios en otro sentido y que los 130 detenidos, como presuntos responsables de haber participado en la desaparición forzada, están en proceso bajo el sustento de la citada versión histórica emitida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam.

Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la SG, quien hizo un planteamiento en la sesión de la CIDH acerca de si la verdad histórica pudiera considerarse válida, precisó que el trabajo con este organismo (y su mecanismo de seguimiento) continuará con base en un calendario convenido entre las partes, para la búsqueda, investigación y atención a víctimas. Se espera una reunión con funcionarios mexicanos el mes entrante.

Toma de casetas

En Chilpancingo, unos 40 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ocuparon la caseta de cobro de Palo Blanco, donde dejaron paso libre a los automovilistas que circulaban por ambos sentidos a cambio de una cooperación voluntaria.

Los jóvenes realizaron también un boteo para la movilización de este domingo en la Ciudad de México y el lunes en Iguala, a 30 meses de la desaparición de sus compañeros.

La Policía Federal montó un dispositivo para desviar los vehículos de su trayecto original; los que circulaban de Chilpancingo a Acapulco fueron reorientados para la carretera federal, y los que venían de Acapulco fueron desviados a Tierra Colorada.

También arribaron a la caseta unos 150 policías antimotines, quienes dialogaron con los dirigentes estudiantiles, a los que amenazaron con desalojarlos, por lo que optaron por retirarse.