Antes del 29 de marzo, el gobierno mexicano tiene que dar respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la queja presentada por violaciones a las garantías de los mineros de Cananea. En esa fecha concluye el plazo fijado por el organismo para presentar pruebas sobre el caso.

Por ello a la autoridad laboral del país le urge cerrar el conflicto y que los obreros acepten una liquidación del consorcio Grupo México, de Germán Larrea. Sin embargo, la empresa ofrece a los trabajadores finiquitos risibles, los cuales han sido rechazados por 830 mineros que siguen en resistencia luego de 11 años de lucha.

Copias de la petición emitida por la CIDH al gobierno de México y de la queja presentada ante el organismo internacional por el Sindicato Nacional de Mineros señalan que el 29 de noviembre de 2016 la comisión notificó a instancias oficiales del país que tenían tres meses para contestar sobre el caso Cananea y que se abría un diálogo entre las partes, para llegar a una solución amistosa.

En la reunión que el 7 de diciembre del año pasado llevó a cabo este organismo internacional en Panamá, precisó que el plazo para el gobierno concluía el 28 de febrero y que había una prórroga de un mes, la cual termina el 29 de marzo.

En la queja que presentó el Sindicato Minero, cuyo líder es Napoleón Gómez Urrutia, se argumenta que a los mineros de Cananea les violaron los derechos de huelga y libertad sindical, al trabajo y al debido proceso; también se demostró que hubo una innegable parcialidad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en favor de Grupo México.

El gremio argumenta, además, que con aportación de pruebas falsas y abuso de poder, desde 2007 se instauró en la mina un contrato colectivo de protección patronal con un sindicato “blanco y a modo” de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el cual permitió que la empresa redujera los salarios de 350 a 150 pesos, terminaran las prestaciones y se destruyeran otros derechos.

Se estableció además en la queja que luego de que en 2006 se había iniciado una huelga por condiciones de inseguridad, en marzo de 2009 Grupo México demandó la terminación de las relaciones de trabajo por causas de fuerza mayor, ya que no podía seguir laborando por el deterioro de sus instalaciones, y señaló como única prueba una inspección de la Secretaría de Economía, la cual jamás se realizó.

Es decir, todo fue una trama legaloide de autoridades laborales, Economía, la Junta Federal y la empresa, para sacar a los mineros, señala el gremio, ya que un mes después reabrió la empresa, con otro nombre, contrato colectivo y sindicato de la CTM.

Ahora el gobierno mexicano, agrega, tiene doble interés en evitar la admisibilidad de la queja de Cananea ante la CIDH:, para evitar tocar el fondo de las violaciones de las autoridades en el procedimiento de huelga y la demanda de la terminación de las relaciones de trabajo.

El Sindicato Nacional de Mineros demanda ante esa comisión el restablecimiento de los derechos humanos de los 830 obreros y sus familias, arrebatados por el Estado sin fundamento legal y violando la Constitución, así como los tratados internacionales; también pide que se les regrese el derecho al trabajo, debido a que su despido fue injustificado y afectó el ingreso básico de sustento de sus familias.

Plantea, además, la reinstalación de todos los obreros en sus puestos y que se respete su derecho de huelga y de contratación colectiva despojados por el Estado.