Nueva York.

Más allá de México, el gobierno de Donald Trump casi no ha mencionado, y menos articulado, una política hacia América Latina, con excepción de Venezuela, donde ha indicado que mantendrá el mismo objetivo de su predecesor: el cambio de régimen.

Este jueves, ante la decisión de la Suprema Corte de Venezuela de, efectivamente, anular el Poder Legislativo, el vocero del Departamento de Estado, Mark Toner, condenó lo que llamó una ruptura de las normas democráticas y constitucionales. Calificó la decisión de serio revés para la democracia en Venezuela y exigió que cumpla con sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana.

El diputado republicano Ed Royce, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, declaró que con esta violación de la Constitución, Venezuela verdaderamente se ve como una plena dictadura, y acusó que el autoritarismo corrupto del mandatario venezolano está minando la estabilidad en el hemisferio.

No se sabe si la última movida en Caracas provocará un cambio de la política estadunidense hacia Venezuela en el gobierno de Trump, el cual inició de acuerdo con las mismas líneas establecidas por el gobierno de Barack Obama de buscar un cambio de régimen empleando sanciones unilaterales mediante mecanismos multilaterales, en particular la Organización de Estados Americanos (OEA), y el financiamiento de fuerzas de oposición dentro y fuera de Venezuela.

La primera acción del gobierno de Trump contra Venezuela fue aplicar sanciones contra el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien a mediados de febrero acusó de desempeñar un papel en el narcotráfico internacional, algo que marcaba una continuación de las mismas líneas de la política del gobierno anterior. Un par de días después, el 15 de febrero, a petición del senador republicano Marco Rubio, promotor de sanciones contra el gobierno venezolano, el presidente Trump se reunió en la Casa Blanca con Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor Leopoldo López. El acto concluyó con un tuit en el que el presidente llamó a la liberación inmediata de López.

La primera maniobra diplomática multilateral del nuevo gobierno de Trump contra el gobierno venezolano se realizó la semana pasada, cuando, junto con los gobiernos de México, Canadá, Brasil y otros 10 países del hemisferio –bajo la supuesta batuta de Luis Almagro, secretario general de la OEA– se emitió un comunicado conjunto exigiendo que el gobierno de Nicolás Maduro fijara una fecha para celebrar elecciones y liberar a todos los presos políticos y amenazando suspender a Venezuela de la OEA si no aceptaba estas demandas.

En una feroz respuesta a esto el lunes pasado y solicitando anular una sesión especial de la OEA en Washington sobre Venezuela, la canciller venezolana Delcy Rodriguez acusó a Almagro de ser un mercenario, traidor a todo lo que un diplomático latinoamericano debería representar y de ser vocero del gobierno de Washington. La sesión procedió el martes pero sin llegar a un acuerdo concreto.

Antes de la sesión de la OEA, Michael Fitzpatrick, subsecretario asistente del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, declaró que nuestro objetivo para la sesión especial no es la suspensión inmediata de Venezuela, sino evaluar las herramientas disponibles a la OEA para ayudar al pueblo de Venezuela, con la esperanza que el gobierno de Maduro participe en una discusión productiva para resolver la crisis económica y humanitaria de su país.

En un editorial esta semana sobre la sesión de la OEA, el New York Times recuperó la misma narrativa que existía antes de las elecciones estadunidenses. Los diplomáticos venezolanos han buscado presentar la creciente oposición regional al gobierno de Maduro como parte de un esfuerzo encubierto de Estados Unidos para justificar la intervención militar. Una coalición de integrantes de la OEA, actualmente liderados por México, no ha aceptado esa excusa y busca cómo hallar e implementar soluciones a la crisis.

La respuesta multilateral ya se había abordado a principios de mes, cuando el senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, comentó en una audiencia sobre Venezuela que más allá de las sanciones estadunidenses que se habían impuesto sobre mas de 140 venezolanos, se necesitaba evaluar otras opciones políticas para Washington, incluyendo trabajar con la OEA, para promover el cambio dentro del país.

En esa audiencia, el senador Rubio opinó que tal vez la mejor opción para el gobierno de Trump ahora era apoyar la solicitud de Almagro para activar la Carta Democrática Interamericana, algo que incluso algunos expertos liberales en Washington apoyan.

Esa vía multilateral estadunidense se promueve a veces con amenazas. Antes del posible voto sobre Venezuela en la OEA, a principios de esta semana, Rubio advirtió a países como República Dominicana, El Salvador y Haití que sería difícil protegerlos de los recortes en asistencia exterior estadunidense propuestos por Trump si fracasaban en defender la democracia y votar contra Venezuela en la OEA. No es una amenaza, es la realidad, afirmó. No hubo voto al final del día, por ahora.

Sigue en misterio si habrá o no un cambio en la política estadunidense hacia Venezuela –y de hecho al hemisferio– ya que el secretario de Estado, Rex Tillerson, aún no se ha expresado al respecto. Algunos se preguntan si sus experiencias previas con Caracas influirán en sus decisiones: como ejecutivo en jefe de Exxon Mobil tuvo disputas con Caracas en 2007, cuando su empresa perdió su participación en el sector energético, y de nuevo en 2015 en una disputa sobre yacimientos de petróleo en aguas cercanas a Guyana.

Tampoco está claro que continuará operando la otra vía de Washington para influir en la política interna de países latinoamericanos, incluida Venezuela, por medio de los llamados programas de promoción de la democracia.

Trump ha propuesto recortes dramáticos en asistencia exterior. Hasta ahora, la Agencia de Desarrollo Internacional (Usaid) ha canalizado más de 20 millones de dólares a Venezuela entre 2012 y 2015.

El Fondo Nacional para la Democracia (NED) ha otorgado más de millón y medio de dólares en 2015 (cifras más recientes) a ONG que dicen promover derechos humanos, libertad de expresión y promoción de elecciones libres e imparciales.

Todo a nombre de la democracia.