La supuesta participación de altos funcionarios en actividades criminales, como en el caso del fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, pone en riesgo no sólo a las instituciones que ellos dirigen, sino al Estado en su conjunto, y significa un duro golpe para la imagen internacional del país, señalaron académicos, políticos y expertos en el tema.

En ese contexto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, aseguró que Veytia ‘‘es mi amigo, es una gente que yo conozco. Puedo hablar de sus buenas acciones, no de sus malas acciones. Sé que podrá él demostrar su inocencia; en eso está trabajando’’.

Por su parte, el presidente del Senado, el pevemista Pablo Escudero, pidió se investigue a los procuradores de Justicia y fiscales generales del país para descartar que tengan vínculos con el crimen organizado, como sucedió con Veytia.

Victoria Unzueta, especialista en materia de seguridad nacional, afirmó que al ponerse al servicio de grupos de la delincuencia organizada, los servidores públicos de alto nivel comprometen el funcionamiento de todo el aparato gubernamental, y destacó que el de Veytia no es el único caso de su tipo.

‘‘Tienes a funcionarios del Poder Ejecutivo, a diputados, a gente del Poder Judicial. Es una serie de entramados de complicidad del crimen organizado, y eso te lleva a preguntarte: ¿Ha funcionado realmente la reforma penal que se nos ha vendido desde 2008? Porque en realidad parece que ha servido como tapadera para no hacer evidente esas ligas con los delincuentes.’’

Dichas redes de contubernio no sólo ocurren a nivel político, sino también a nivel financiero, ‘‘y por eso estamos hablando de tantos funcionarios que se hacen de la vista gorda’’, añadió Unzueta.

Escudero precisó en entrevista que ‘‘es gravísimo lo que estamos conociendo –que en Estados Unidos capturan por narcotráfico al fiscal de Nayarit–, lo que hay que hacer es una investigación profunda y no quedarnos simplemente con lo que estamos conociendo, sino ir más a fondo para ver si existe una red detrás de ellos’’.

Interrogado sobre si el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, tiene responsabilidad en ello, subrayó: ‘‘Sin duda sí. Todos (los gobernadores) van nombrando a su gabinete y por supuesto que tienen una responsabilidad’’.

El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, destacó a su vez que ‘‘es lamentable que quien tenía bajo su responsabilidad la procuración de justicia sea –por la información que se ha difundido– uno de los principales involucrados en violentar el estado de derecho en Nayarit’’.

Jorge Márquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que la aprehensión de Veytia por cargos de narcotráfico significa también un ‘‘golpe’’ para la imagen de México en el extranjero, aunque los vínculos de funcionarios con criminales no sean realmente novedad.

‘‘En términos del funcionamiento de las instituciones, no creo que esto lo cambie de manera dramática. Más bien es la continuación de lo que ya hemos visto antes y que ha llegado a la banalización del tema, porque en México ya no nos asusta, de tan cotidiano que se ha vuelto’’, indicó el especialista en seguridad.

‘‘La expresión del juez (que ordenó la aprehensión del fiscal de Nayarit) fue tremenda, porque dijo que el crimen no había infiltrado al gobierno, sino que ya era el propio gobierno, y el efecto diplomático de eso es muy grande’’ porque le sirve al presidente Donald Trump para justificar lo que dice de México.