Con casi cien recomendaciones, informes especiales de diagnóstico, acciones de inconstitucionalidad y evaluaciones de seguimiento para la prevención de la tortura, este viernes el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presenta su informe anual de actividades 2016 ante el Ejecutivo federal.

El acto se celebrará en el contexto de la defensa a ultranza que hace el presidente Enrique Peña Nieto sobre la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, durante la cual ha calificado de inadmisibles las críticas a militares por la comisión de violaciones a los derechos humanos.

El informe que será presentado en la residencia oficial de Los Pinos da cuenta de 77 recomendaciones que emitió la CNDH el año pasado, 12 de las cuales fueron dirigidas a los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Soberón Sánz.

De esas 12 recomendaciones, siete han sido por actos violatorios de los derechos humanos cometidos por marinos, y cinco por soldados del Ejército.

Esas violaciones a los derechos humanos contra civiles, incluidos varios menores de edad, fueron clasificadas por la CNDH de alto impacto, entre ellas: desaparición forzada, ejecución arbitraria, tortura y tratos crueles e inhumanos, así como detenciones y retenciones ilegales. También hubo violencia física y sexual, cateos y allanamientos ilegales.

El informe de actividades 2016 de la CNDH fue presentado de manera formal hace unas semanas ante la Comisión Permanente del Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero faltaba hacerlo ante el presidente Peña Nieto, situación que se retrasó por cuestiones de agenda del Ejecutivo.

Entre la numeralia del informe se da cuenta que en 2016 aumentó ex–ponencialmente el número de expedientes por tortura respecto al año previo, al pasar de 49 a 216, y esa situación se repite en casos de desaparición forzada, detenciones ilegales y ejecuciones arbitrarias.

Otro problema que señala la CNDH es que las recomendaciones son prácticamente ignoradas, pues de las 72 de 2016, dirigidas a 55 diferentes autoridades estatales o federales, sólo dos fueron cumplidas en su totalidad, 54 tienen cumplimento parcial, 14 fueron aceptadas pero no se ha avanzado en su acatamiento y el resto está en proceso de valoración.