La policía ministerial no pudo entrar a la Cámara de Diputados a detener a Antonio Enrique Tarín, porque la fiscalía de Chihuahua no presentó la orden de aprehensión ni de cateo, se limitó a entregar una solicitud de carácter administrativo, afirmó la presidenta de la mesa directiva en San Lázaro, Guadalupe Murguía (PAN).

La legisladora narró que en corto solicitó al PRI pedirle a Tarín abandonar la cámara y sostuvo que la dirección de resguardo –que en todo momento protegió al priísta– no recibió la orden de ayudarlo a escapar.

No obstante, el coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, replicó a esa posición: Antonio Enrique Tarín García “es un ciudadano con la expectativa de rendir protesta y no obstante que no había argumentos jurídicos suficientes para impedir que ocurriera, porque sus derechos políticos –aún ahora– no están suspendidos, ya que no está vinculado a proceso, el tricolor pidió a la presidencia de la mesa directiva, que no se incluyera la toma de protesta con el fin de no dar una mala señal.

Aunque jurídicamente pudiera ser impecable la posición, políticamente pudo haber sido cuestionada. Lo que deseamos es que él haga frente a los asuntos que están pendientes, a la carpeta de investigación, a una eventual orden de aprehensión. Una vez que esto sea desahogado, si hay condiciones jurídicas asumirá su responsabilidad en la Cámara de Diputados.

–¿Es correcto que se le haya permitido evadir a la justicia durante 28 horas?

–Primero le hago una precisión, no hay evasión de la justicia.

–Lo estaban esperando policías ministeriales –se le dijo.

–La presidenta tiene la obligación, y ella lo sabe, ayer intercambié puntos de vista jurídicos, de resguardar el recinto. En consecuencia, era inviable permitir el ingreso de los agentes de las corporaciones. El PRI no hizo absolutamente nada, fue una decisión personal de Tarín. Él es un ciudadano, hasta ahora en el ejercicio de sus derechos, si tiene pendientes con la justicia, él los afrontará.

Antes, la presidenta cameral, Guadalupe Murguía adujo que no es procedente una solicitud de una autoridad administrativa, para que la presidencia de la mesa directiva ejerza la atribución. En el caso de que se hubiera exhibido orden judicial específica, es una situación que pudiera haber ocasionado y dado lugar a que se ejerciera esta atribución.

–Diputada, pero ¿por qué permitieron que utilizara la Cámara de Diputados como trinchera cerca de 30 horas?

–La persona, el diputado, estuvo aquí. Estuvo dentro del grupo parlamentario en el que aspira a participar.

–Durmió aquí –se le dijo.

–Bueno, estuvo aquí. Cuando algún diputado decide hacerlo, lo puede hacer.

–Pero no es diputado –se le replicó.

–O invitado por parte de uno de los grupos o empleado de alguno de las bancadas. No había elementos en específico.

–¿Pero la dirección de resguardo, que sí depende de usted diputada, lo cobijó, lo tuvo bajo su custodia durante las 30 horas?

–No hubo instrucción, ni indicación de ningún tipo para darle cobijo, protección, a esta persona. Permaneció aquí, dentro del grupo que lo había invitado a asistir.

–¿La Cámara de Diputados no queda en duda porque estuvo aquí un presunto delincuente, alguien sustraído de la justicia?

–Tenemos que actuar conforme a la legalidad, eso es lo que me corresponde, sin sesgos partidistas, con objetividad, con transparencia y acatando siempre el debido proceso, y a eso fue a lo que me ajusté… no hubo protección ni complicidad de ningún tipo.

–Diputada, se está tomando a la Cámara de Diputados como un santuario de delincuentes, ¿esto no mancha la imagen del Palacio Legislativo de San Lázaro?

–Hay un marco jurídico al que nos tenemos que ajustar, dentro de él es el rango de actuación que puede tener la presidencia de la mesa directiva. Desde luego, es lamentable que una persona pretenda quedarse en la Cámara de Diputados, primero que busque llegar y tomar posesión posiblemente con la expectativa de tener fuero y evadir la acción de la justicia y, después, aquí dentro de la propia Cámara de Diputados.