Caracas.

El presidente Nicolás Maduro negó este viernes que en Venezuela se haya dado una ruptura del orden constitucional. Aseguró que hay plena vigencia de la Constitución, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió el miércoles pasado las funciones de la Asamblea Nacional –de mayoría opositora–, al convocar ayer a los poderes públicos a zanjar diferencias.

En Venezuela hay plena vigencia de la Constitución, de los derechos civiles y políticos, de los derechos humanos y del poder popular, aseveró en su primera reacción tras las sentencias del TSJ, el cual retiró la inmunidad a los parlamentarios el martes anterior.

En un acto público citó para este viernes en la noche al Consejo de Defensa de la Nación, con el fin de resolver la controversia que generó una afirmación de la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, de que en Venezuela hay ruptura del orden constitucional.

El presidente destacó que la única ruptura constitucional durante el gobierno bolivariano ocurrió en abril de 2002, cuando la derecha fascista que ahora controla la Asamblea Nacional impulsó un golpe para sacar del poder a Hugo Chávez.

Asamblea minimizada

Subrayó que en Venezuela todas las instituciones públicas funcionan, aunque destacó que la asamblea está minimizada por sus errores.

Al enumerar a los integrantes del consejo que asistirán al encuentro, Maduro mencionó al presidente de la asamblea y aseguró que los resultados del encuentro se conocerían este viernes. También se mostró abierto a retomar un diálogo con la oposición.

La decisión del máximo tribunal del país de asumir las facultades del Parlamento y retirar la inmunidad a los diputados fue calificada de ruptura del orden constitucional por la fiscal general.

La Corte alega que el Parlamento está en desacato por haber juramentado a tres asambleístas opositores, cuya elección fue suspendida por supuesto fraude electoral.

Se evidencian varias violaciones del orden y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional, había dicho horas antes la fiscal general, quien con su declaración abrió una grieta en el chavismo.

El Ministerio Público, junto con la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, constituyen el Poder Ciudadano, uno de los cinco poderes públicos de Venezuela. Ortega ha estado a cargo de la fiscalía desde 2007 y siempre fue percibida como figura cercana al gobierno.

Tras la declaración de Ortega, la cancillería aseguró en una nota que es falso que se haya perpetrado un golpe de Estado en Venezuela. Por el contrario, enfatizó, sus instituciones han adoptado correctivos legales para detener la desviada y golpista actuación de los parlamentarios opositores declarados abiertamente en desacato a las decisiones del TSJ.

En el texto rechazó la ola de condenas internacionales a la sentencia del TSJ por considerarlas arremetida de los gobiernos de la derecha intolerante y pro-imperialista, dirigida por el Departamento de Estado y los centros de poder estadunidenses, que pretenden atentar contra el estado de derecho en Venezuela y su orden constitucional.

El bloque opositor, de mayoría en el Parlamento, sostiene que se consumó un golpe de Estado, por lo que anuncia que desconocerá al Tribunal Supremo y presiona para que la Organización de Estados Americanos (OEA) actúe.

En esa línea, el gobernador opositor del estado de Miranda, Henrique Capriles, se reunió ayer en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, luego de que éste pidió una reunión urgente del consejo permanente.

Esperamos una resolución en la que el consejo permanente diga que ha habido una ruptura del hilo constitucional. Y sobre esa base, de acuerdo con lo que establece la Carta Democrática Interamericana, se llegue al siguiente paso, dijo Capriles.

Tras la denuncia de la fiscal general, el presidente del Parlamento, Julio Borges, expresó que el gobierno de Maduro está fracturado.

Borges instó a todos los poderes del Estado a actuar como la fiscal. A todas las instituciones: fuerza armada, defensor, contralor, magistrados, les hacemos un llamado. Es el momento de obedecer las órdenes de la conciencia, es el momento en que el jefe del país tiene que ser la Constitución, apuntó.

Por lo pronto, la Asamblea Nacional continuó con sus funciones administrativas y su agenda de actividades a pesar del fallo del TSJ. El secretario de la Cámara, José Ignacio Guédez, dijo que los diputados asistirán a la próxima sesión, prevista para el martes, en cuanto se difunda la agenda de debate y los puntos a tratar.