A pesar de que el campo mantiene una creciente relación de interdependencia con las zonas urbanas, no sólo por la producción de alimentos, sino de acceso a servicios, el desarrollo rural es uno de los temas más olvidados en las agendas públicas de la región, reconoció Ignacia Fernández, directora de Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Al anunciar el relanzamiento del Grupo de Diálogo Rural (GDR)-México, que tendrá como eje central de investigación a los jóvenes rurales, destacó que se buscará conocer cuáles son las realidades, expectativas y demandas de este sector de la población, y las respuestas del Estado mediante sus políticas públicas.

Reconoció que existe tendencia en los países de América Latina hacia un creciente abandono de los jóvenes del medio rural. Por lo general, dijo, nos preocupamos por encontrar respuestas para retenerlos en el campo, pero esta es una visión que debemos poner a prueba al incorporar variantes, como conocer si ellos quieren quedarse en las zonas rurales, y si es así, en qué condiciones.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que participa en el proyecto por conducto del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, reveló en un informe denominado Juventud rural y empleo decente en América Latina, que cerca de 31 millones de jóvenes de 15 a 29 años viven en zonas rurales de la región.

Sin embargo, en las pasadas tres décadas, el número de habitantes que decidió abandonar el campo se elevó a 20 millones de personas. Muchas de ellas, jóvenes que emigraron a zonas urbanas, donde se sumaron a las filas de empleos precarios y alta vulnerabilidad.

Al respecto, Fernández destacó que la búsqueda de soluciones pasa por generar ingresos sostenibles en el tiempo, pero tal vez tendrán que venir de una combinación de ingresos agrícolas, por servicios y otras fuentes.

Agregó que GDR-México es una iniciativa que también está vigente en Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú. En nuestro país se prevé que el proyecto se prolongue por tres años. La primera etapa será la construcción de un diagnóstico sobre los jóvenes rurales y sus desafíos, en el que participarán el Centro de Investigaciones y Estudios Económicos, la Universidad Iberoaméricana, el Instituto Belisario Domínguez del Senado, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre otros.