Mexicali, BC.

Empresarios demandaron a los tres órdenes de gobierno atender el problema de inseguridad que se padece en Baja California, sobre todo en la ciudad de Mexicali, al considerar que no existe un liderazgo visible ni interés de las autoridades, debido a que la estrategia del estado va contra el narcomenudeo y los secuestros, pero dejan a los ciudadanos en franca vulnerabilidad ante otros delitos.

Al instalar la Comisión de Seguridad y Justicia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), su dirigente, Rodrigo Llantada, apuntó que son preocupantes los índices delictivos, en especial por robos a mano armada contra casas y comercios.

Refirió que no obstante las estadísticas que presentan, el gobierno estatal plantea una realidad distinta, hay información de instituciones públicas y privadas que muestran el incremento en varios delitos en Mexicali y Tijuana.

Llantada indicó que la tendencia al alza en robos a comercios y consumo de drogas han tenido gran repercusión; de acuerdo con comerciantes de Tijuana hay indicios incluso de cobro de piso.

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Jonathan Díaz Castro, afirmó que la coordinación que se da entre corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno no existe entre el Presidente, el gobernador y el alcalde.

“No hay liderazgo ni interés de las autoridades para abatir la inseguridad, solamente atienden los delitos graves como secuestros y narcomenudeo, pero no robos y asaltos”, expresó.

Sostuvo que es notoria la ausencia del gobernador Francisco Kiko Vega de Lamadrid en materia de seguridad pública; aclaró que el mandatario estatal desde hace casi dos años no ha atendido al organismo que representa.

Ignora Kiko al Consejo Ciudadano

A escala estatal el gobernador tiene más de un año sin atender al Consejo Ciudadano, y cuando vemos a titulares que no quieren dar la cara me preocupa, ese es el problema que tenemos, enfatizó.

Díaz Castro instó a legisladores federales, locales y gobernantes del estado y municipios a incrementar los recursos para seguridad pública a fin de dotar de equipo y dar capacitación a las policías.

Señaló también que un problema del Poder Judicial es que no culmina los casos judicializados al carecer de elementos para sustentar la investigación.