l asesinato de Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y periodista de tiempo completo, confirma la impunidad y corrupción que prevalece desde hace décadas en esa entidad. Cómo ciertas autoridades, políticos, caciques regionales, talamontes, explotadores de fundos mineros y narcos silencian cualquier crítica a su manera de actuar y despojar a la población rural de su principal riqueza: la tierra y lo que en ella crece, el bosque. Por siglos, los rarámuris y otros pueblos indígenas (pimas, guarijíos y tepehuanos) convivieron con su entorno natural. El estado de Chihuahua es el más extenso de México y 70 por ciento de su superficie es forestal. Posee la mayor extensión de oro verde del país: cerca de 7.6 millones de hectáreas. Además, la mayor parte de este gigantesco pulmón verde está en manos de comunidades ejidales e indígenas.

Tan invaluable riqueza natural no se concentra en la Sierra Tarahumara, la más conocida por su grandiosidad, y belleza, sino que existe en otras regiones. Esos bosques son origen de grandes cuencas hidrográficas que desembocan en el océano Pacífico y el Golfo de México. Pero el despojo y el saqueo de la propiedad comunal ocasiona una grave erosión que afecta negativamente a dichas cuencas, cuya agua sirve para cubrir las necesidades de numerosas poblaciones, el sector agropecuario local, parte del de Sinaloa y Sonora y la industria. En no pocas ocasiones se contamina por la explotación minera y la tala causa la desaparición y/o disminución de la preciada fauna regional.

Los bosques de Chihuahua albergan una importante biodiversidad (más de 15 por ciento de especies endémicas y parada obligada de la mariposa Monarca en su viaje migratorio), que disminuye día con día por la invasión de grupos ajenos a las comunidades para talar los mejores árboles y destinarlos a la producción de leña, carbón, postes, celulosa, escuadría o morillos. En muy buena parte, gracias a la corrupción oficial. Como fruto de todo ello, es evidente el deterioro del medio, igual que inocultable la pobreza de las comunidades agrarias.

A todo este negro panorama se sumó la presencia de las bandas criminales del narcotráfico, especialmente desde los años 70 del siglo pasado. Y es que los bosques serranos de Chihuahua son parte del Triángulo Dorado, junto con Sinaloa y Coahuila. Dicho triángulo es el corazón del cártel de Sinaloa dedicado a producir y traficar mariguana, heroína y otras sustancias ilegales para los consumidores de Estados Unidos. Es el lugar de origen de los grandes capos: Ernesto Fonseca, los hermanos Beltrán Leyva, Joaquín El Chapo Guzmán, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, entre otros.

El reciente asesinato de Miroslava sirve para recordar lo que dijo hace varios años Francisco Ramos, líder rarámuri del ejido Pino Gordo: No queremos que corten nuestros bosques. No fuimos nosotros quienes plantamos los árboles sino Dios, para recolectar agua de lluvia y dar abrigo a los animales. Los árboles no son nuestros. Nosotros tan sólo los estamos cuidando.

Esa declaración era respuesta a las iniciativas oficiales para que las comunidades dividan sus bosques comunales en lotes y de esa manera celebren con la iniciativa privada convenios de explotación en los que siempre salen perdiendo los indígenas y ejidatarios. Y los que se oponen son amenazados y asesinados. Como lo fue Isidro Baldenegro López en enero pasado. Por su trabajo recibió el Premio Goldman, el más importante que se otorga en el mundo por la defensa pacífica del bosque. A su padre lo asesinaron en 1986 sicarios o paramilitares por el mismo motivo. Los recientes 10 años, 38 líderes comunales han sido asesinados en México. Los autores de esos crímenes gozan de impunidad.

La Iglesia de los pobres en Chihuahua (distinta a la que representa el cardenal Norberto Rivera y sus fieles acólitos) llamó hace un año a despertar la conciencia de todos y todas por la situación ambiental que afecta a la Tarahumara. La respuesta a ese llamado bien se conoce: el asesinato de Isidro y Miroslava, por ejemplo. ¿Quién sigue?