En un contexto de alta impunidad en los asesinatos y agresiones contra periodistas, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Nájera, plantó la semana anterior a los diputados y ese desdén derivó en un acuerdo de la comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación para requerir la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del procurador general de la República, Raúl Cervantes.

‘‘Personalmente hablé con él; me confirmó su asistencia y a última hora nos dejó plantados. Es una falta de respeto y lo que estamos haciendo es un exhorto para que comparezcan el secretario y el procurador, para que nos informen los avances y estrategias para evitar tanta violencia contra los periodistas’’, dijo la presidenta de la comisión, Brenda Velázquez (PAN).

–¿Funciona la fiscalía? –se le preguntó en entrevista.

–Están impunes 99.9 por ciento de los expedientes abiertos. Hay que hacer algo más y por ello presenté una iniciativa de protección a periodistas, que está en comisiones, porque ayudará a fortalecer la protección a los comunicadores.

‘‘Hay mucha impunidad y (a la fiscalía) le falta mucho. Se requiere más protección y que el mecanismo (de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas) sea más ágil, que tenga más presupuesto.’’

–¿Requiere sólo fondos o también voluntad política para que funcione?

–Ambos, porque, insisto, casi todos los expedientes están impunes. Hemos citado a los procuradores de los estados y a los fiscales ante la comisión y convocamos para esta semana al fiscal de Guerrero (Javier Olea Peláez), al procurador de Michoacán (Martín Godoy) y está por confirmar el fiscal de Veracruz (Jorge Winckler); este último estado nos interesa mucho porque el miércoles hubo otra agresión (al periodista Armando Arrieta). Es una entidad muy violenta.

‘‘En estos meses se han incrementado las agresiones contra periodistas en todo el país, pero estamos trabajando para evitarlo, y que se tomen medidas para prevenirlas. Es muy importante fortalecer la libertad de expresión; y sí, hay que trabajar mucho en la prevención.’’

La diputada panista ha presentado dos iniciativas al respecto. Una, de reforma al artículo 7 de la Constitución, para agregar que ninguna autoridad pueda establecer censura previa ni coartar la libertad de expresión, ni la libertad de difusión, y se ordene expedir una ley de protección de esos derechos, así como la confidencialidad de las fuentes periodísticas.

La segunda se trata de la propuesta de dicha ley, que obligue al gobierno federal, a los de estados y municipios, a la protección y defensa del derecho a la información, a los derechos digitales y la libertad de expresión, por medio de una distribución de competencias orientada a hacerlos exigibles.

Se incluye asimismo la nueva definición de periodista dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que agrega la figura de colaborador periodístico y prevé crear una alerta para evitar agresiones potenciales.

Además, recoge la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas respecto de que los estados tienen la obligación de crear las condiciones necesarias para ejercer el derecho de defender los derechos humanos, incluida la labor periodística. Las iniciativas al respecto fueron enviadas a las comisiones de Derechos Humanos y Justicia, y de Puntos Constitucionales.