En un uso excesivo e irracional de la prisión preventiva, en México casi 83 mil personas están privadas de su libertad en espera de una sentencia absolutoria o de condena, en un proceso, además, que es extraordinariamente burocrático.

Organizaciones de derechos humanos, que brindan también asistencia y defensoría legal, señalan que este grupo de personas son legalmente inocentes, pero en los hechos padecen una condena que debería ser sólo para aquellas declaradas formalmente responsables de un delito.

Además, gran parte de quienes han sufrido este abuso de la prisión preventiva lo han hecho a causa de la dilación de las salas penales y los juzgados de distrito o tribunales unitarios, que llegan a tardar años en emitir sus resoluciones y con ello retrasan los procesos.

Se estima que un proceso judicial seguido en prisión preventiva en el país dura, en el mejor de los casos, entre 120 y 189 días, tan sólo para poder dictar sentencia de primera instancia, situación que se agrava todavía más cuando la persona procesada carece de recursos económicos suficientes, es mujer o indígena, o pertenecientes a cualquier grupo vulnerable.

Al inicio del año, la población penitenciaria del país era de 216 mil 831 internos, de los cuales 82 mil 706 (38.1 por ciento) son los que están a la espera de una sentencia. Casi 80 por ciento corresponde a reos del fuero común y el restante 20 por ciento al fuero federal.

Mujeres, afectadas

Basada en datos oficiales, la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) señaló que en el caso de las mujeres, de 11 mil 205 internas, 48.1 por ciento están en prisión preventiva. Sin embargo, hay estados, como Oaxaca, donde la cifra de las que esperan sentencia es de 75 por ciento.

En el caso de los hombres, de 205 mil 626 internos, 37.6 por ciento están bajo esa misma medida cautelar. Sólo ahora, con la todavía lenta y deficiente aplicación del nuevo sistema de justicia penal, se ha empezado a frenar esta práctica.

Aun así, en el fuero común hay estados como Oaxaca, Quintana Roo, Durango y Baja California Sur donde las personas en prisión preventiva van de 62.4 a 71.4 por ciento, en una grave situación de violación a los derechos humanos.

El Instituto de Justicia Procesal ha advertido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que uno de los grandes retos en México es resolver el abuso irracional de la prisión preventiva.

Ambas organizaciones, las cuales integran la Coalición Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia, denuncian que el hecho de que las salas penales y los juzgados de distrito o tribunales unitarios no emitan sus resoluciones de manera eficiente y ágil constituye una violación grave a los derechos del imputado, en particular el de presunción de inocencia, y con ello violentan también las garantías individuales.

Apenas el pasado 16 de marzo Asilegal logró la liberación de Dolores, mujer oaxaqueña, jefa de familia y madre de una niña de siete años. Ella fue detenida arbitrariamente el 8 de mayo de 2014, acusada de la presunta comisión del delito de privación ilegal de la libertad, por el cual pasó dos años 11 meses en prisión preventiva debido a la ausencia de una investigación que esclareciera los hechos que se le imputaron.