Guadalajara, Jal.

Con la promesa de que ya podría regresar con su hijo a casa, una mujer analfabeta fue engañada por funcionarios del Hogar Cabañas, quienes sin su consentimiento trasladaron al recién nacido del Hospital de la Mujer a ese hospicio, denunciaron las organizaciones Eco Ciudadano y Carriolas Vacías.

La presidenta de Eco Ciudadano, Mónica Abarca González, indicó que el neonato, integrante de la comunidad gitana, permaneció alrededor de cuatro meses en el Hogar Cabañas (a cargo del gobierno estatal) y hace unos días fue devuelto a su progenitora, aunque el proceso permanece abierto.

Refirió que la madre denunció que su pareja le propinó una golpiza cuando dio a luz en forma prematura y la Fiscalía del Estado no atendió su denuncia. En cambio, las autoridades aprovecharon esta situación para despojarla del bebé.

La violencia institucional contra las y los menores sujetos a custodia o tutela del Estado es muy preocupante. Existen testimonios de madres que aseguran que sus hijos e hijas han sufrido abusos y maltrato en instituciones que por ley deberían protegerlos, dijo Lorena Valadez, de Carriolas Vacías.

Ambas activistas, quienes en años recientes han documentado denuncias de maltrato institucional a los menores y sus familias, incluido tráfico de menores, denunciaron que la mayoría de los abusos se han reportado en la Casa Hogar Cabañas, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, Ciudad Niñez y la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Acompañadas de varias mujeres, dieron a conocer otros casos de presunta violencia institucional, entre ellos el de una madre que en 2006 fue acusada de delitos que nunca se comprobaron, le quitaron a sus hijos y luego de un largo proceso en diversas dependencias pudo recuperarlos.

Me los regresaron con maltrato y hasta con abuso sexual, dijo la afectada.

Proponen crear comisión de protección a la niñez

Valadez dijo que en los nueve años recientes han apoyado a por lo menos 50 mujeres en situaciones similares. La mayoría de los casos siguen pendientes y en otros ni siquiera existen denuncias, lo que imposibilita conocer de ellos y brindar apoyo a las afectadas.

Las activistas señalaron que para garantizar el respeto a los derechos de los niños debe crearse una comisión ciudadana de protección a este sector.