Sacramento.

El Senado de California aprobó una legislación para limitar la asistencia de policía estatal a los esfuerzos federales por deportar inmigrantes sin papeles, y la ciudad de El Paso, Texas, condenó la construcción del muro fronterizo que prometió el presidente Donald Trump.

Este martes era el último día para que contratistas se presentaran a concurso para ejecutar la obra, y algunas empresas manifestaron su preocupación por la posibilidad de ataques contra sus trabajadores. Asimismo, el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) reconoció que sólo dispone de recursos para los prototipos del muro fronterizo, pero no para su construcción.

La medida aprobada en California es parte del debate en esa estratégica entidad y el resto de Estados Unidos sobre el movimiento santuario, en el que muchos líderes de gobiernos locales han tratado de proteger a los inmigrantes que se enfrentan a la promesa de Trump de intensificar las deportaciones.

El demócrata Kevin de León, presidente del Senado de California y principal patrocinador del proyecto de ley, describió la iniciativa como un rechazo a la idea falsa y cínica del presidente Trump de presentar a los indocumentados como comunidad sin ley. Agregó que en su entidad es más común que los nativos cometan más delitos que los inmigrantes.

El eje de la iniciativa de De León prohíbe que la policía local y estatal en cualquier lugar de California utilice sus recursos para investigar, detener, reportar o arrestar a personas por su situación migratoria.

En tanto, la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, aprobó por unanimidad una resolución de condena a la construcción del muro y sostuvo que la seguridad económica es lo que impulsa la seguridad fronteriza.

El DHS reconoció que no tiene recursos para comenzar la construcción del muro, y sólo cuenta con lo suficiente para el desarrollo de prototipos que se levantarán en un tramo de aproximadamente 400 metros de terrenos federales en San Diego, a 37 metros de la frontera con México, aunque no se ha tomado una decisión final sobre el lugar exacto, indicó. El gobierno espera gastar entre 200 mil y 500 mil dólares en cada modelo.

Según la agencia de noticias Ap, uno de los candidatos a la construcción quería saber si las autoridades acudirían a ayudar a los trabajadores en caso de un ataque hostil. Otro preguntó si los empleados podían llevar armas de fuego en estados con leyes estrictas de control de armas, y si el gobierno les daría protección legal en caso de emplear fuerza letal.