Buenos Aires.

La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) fue inculpada este martes, al igual que sus hijos, de asociación ilícita y lavado de dinero, le embargan bienes y le prohíben salir del país, lo que la deja cercada judicialmente en un año electoral.

El revés de la justicia ocurre en momentos en que sus seguidores le piden que vuelva al ruedo político y se presente a las elecciones legislativas de octubre como gran rival del partido oficialista de Mauricio Macri.

El juez Claudio Bonadio, además de inculparla por corrupción, ordenó un embargo por 130 millones de pesos argentinos (poco más de 8 millones de dólares) en el caso judicial conocido como Los Sauces, nombre de la empresa familiar, precisó el Centro de Información Judicial.

Este es el caso que más complica a Fernández de Kirchner, que antes de ejercer la presidencia de Argentina, entre 2007 y 2015, ocupó cargos como diputada y senadora nacional.

Se trata de la cuarta inculpación judicial que sufre Fernández de Kirchner desde que dejó el gobierno, en diciembre de 2015.

“Bonadio, desde las dependencias del Poder Ejecutivo en (los tribunales) Comodoro Py –y a quien Mauricio Macri obviamente no considera mafioso– dicta el segundo procesamiento por asociación ilícita contra CFK”, tuiteó la ex presidenta.

Agregó que ahora, como la situación económica empeora, el juez le agrega a la causa hijos, escribanos y contadores, en lo que considera una puesta en escena orquestada desde el gobierno de Macri.

El magistrado también prohibió la salida del país de los procesados: la ex mandataria, sus hijos Máximo y Florencia, y los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.

Según la resolución, Fernández de Kirchner, de 64 años, fue procesada como autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad y de negociaciones incompatibles con su calidad de funcionaria.

Florencia y Máximo Kirchner fueron procesados por formar parte de una asociación ilícita, en tanto, los empresarios López, Báez, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice fueron acusados de organizadores.