Las mujeres mayores de 40 años que carecen de seguridad social tendrán derecho a realizarse estudios de detección de cáncer ovárico y recibir tratamiento en los servicios de salud del gobierno de la ciudad.

El pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó ayer la iniciativa de la diputada Nora Arias Contreras, del Partido de la Revolución Democrática, para reformar la Ley de Salud, donde se establece que tendrán prioridad para acceder a estudios de ultrasonido transvaginal y marcador tumoral las que están en una condición de riesgo a partir de antecedentes de cáncer mamario en su historial familiar.

El órgano legislativo aprobó también incluir la violencia obstétrica como una de las conductas lesivas cometidas contra la mujer, previstas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y establece su derecho a un parto humanizado.

El dictamen aprobado, a iniciativa de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del partido Morena, incorporó también como modalidades de violencia contra las mujeres la que se ejerce en el noviazgo y en los centros escolares.

La reforma define como violencia obstétrica acciones u omisiones en los servicios médicos públicos o privados que dañen, lastimen o denigren a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, como practicar cesárea cuando hay condiciones para el parto natural y negarle el amamantar inmediatamente después del nacimiento.