El caso de presuntos actos de corrupción cometidos por la empresa Odebrecht en México tiene elementos suficientes para que la información sea difundida públicamente y, por tanto, la Procuraduría General de la República (PGR) no debe reservar los datos, afirmaron especialistas en transparencia.

Issa Luna, directora del Observatorio Anticorrupción del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, subrayó que en este caso es necesario que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) reciba un recurso de revisión para que decida si es válida la reserva declarada por la PGR.

Una de las cláusulas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada en 2015, establece que no se podrá invocar la reserva de información en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos, lo cual el Inai tendrá que decidir en última instancia, afirmó.

Sin embargo, Luna estimó que dicho instituto no tiene cómo decir que no tiene competencias para decir si aquí hubo corrupción, dado que las investigaciones en Colombia son determinantes y hay funcionarios procesados por corrupción. No existiría impedimento para que el Inai no haga uso de la interpretación de esa cláusula.

Aunque la PGR pueda decir que reservó la información sobre presuntos sobornos de Odebrecht porque el expediente está en proceso de investigación, ese argumento quedaría invalidado porque es evidente que en México esta empresa no está siendo investigada por otra cosa que no sea corrupción, recalcó.

Renata Terrazas, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, señaló que la Ley General de Transparencia faculta al Inai ordenar la apertura y difusión de los datos, porque se trata de un caso de corrupción.

En principio, toda información es pública. La excepción es cuando atenta contra el interés público, y la excepción de esa excepción es cuando se refiere a violaciones de derechos humanos y actos de corrupción. Agregó que antes de adoptar una decisión, sería necesario escuchar los argumentos de la PGR para declarar la reserva, puesto que la ley la faculta para no divulgarlos, siempre y cuando tenga razones atendibles.