La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión de la siembra de soya transgénica en cuatro comunidades del municipio de Bacalar, Quintana Roo, por un lapso de seis meses.

Los ministros determinaron que dicha suspensión operará en tanto se lleva a cabo la consulta pública a los cerca de 5 mil habitantes de la zona referida, y que después será el juez de la causa el que determine si reanuda el permiso de siembra y cultivo a la trasnacional Monsanto o lo revoca.

De acuerdo con el abogado de las comunidades mayas afectadas, Raymundo Espinosa Hernández, la decisión no afecta el cultivo de la soya transgénica en el resto de la entidad.

Aunque los ministros ampararon a los miembros de comunidades mayas de Quintana Roo, Espinosa Hernández, señaló que ellos no querían la consulta, sino la anulación del permiso de siembra de soya transgénica.

Los ministros tampoco tomaron en cuenta nuestro argumento de que la consulta, por afectar a comunidades indígenas y el medio ambiente en general debería tener efectos vinculatorios y no que sea sólo un requisito para conceder el permiso correspondiente, indicó el litigante, quien cuestionó que la sentencia de los ministros tampoco es clara en la forma en que deberá llevarse la consulta.