n la cresta de la ola noticiosa sobre el hecho terrorista más reciente, el del Metro de San Petersburgo, puede ser procedente una reflexión sobre el tema relacionado con México. En ello importa enfatizar que a pesar de caracterizarse el fenómeno por tener expresiones regionales, nacionales e internacionales, el terrorismo no ha tenido manifestaciones en nuestro país. Sin embargo, la expansión de esta forma de reivindicaciones políticas, religiosas, fundamentalistas o simplemente criminales está al alza y debería ser estudiada de forma participada para conocer las posibilidades de que se concrete en México.
Ejemplos de organizaciones abiertamente terroristas, con reconocimiento internacional de ese carácter, han sido: FARC, Al Qaeda, FLN, Sendero Luminoso, Hezbollah, IRA o ETA. En México, venturosamente no se dado ese tipo de riesgo porque, una vez más, no estaríamos preparados formalmente para enfrentarlo, sería una conmoción nacional.
El gobierno de México tiene olvidado el estudio del tema desde el punto de vista de la seguridad nacional. Lo cree ajeno, remoto, materia sólo de lo noticioso. No hay dentro de sus instituciones corresponsables la que pudiera sustentar una hipótesis firme sobre los riesgos que implicarían para México cualquier expresión de ese crimen y, en su caso, qué perfiles se esperan de los posibles actos terroristas nacionales, en qué segmento social o geográfico podrían darse, cuándo o estimulados por qué. Hay una omisión muy seria, una ausencia de gestión de inteligencia estratégica.
Una realidad que debe tenerse en cuenta, como alerta para evitar cualquier desacierto en el uso del término es su propia indefinición, ya que no existe una. Usar el término con liberalidad tiene un riesgo que hace recomendable la cautela en su adopción. Su uso inoportuno, abusivo o impreciso ayuda a crear un efecto tan negativo como el del mismo terrorismo.
Pese al amplio reconocimiento de la necesidad de un acuerdo no ha sido posible alcanzar un consenso sobre la definición de terrorismo, básicamente debido a la imposibilidad de conseguir una definición rigurosa y consensual que incluya las acciones terroristas que generan los intereses políticos involucrados, muchas veces disfrazados de demócratas e incluso las acciones eventuales de algunas naciones como Estados Unidos, Rusia e Israel.
El primer intento de definición fue en 1937, aún en tiempos de la Sociedad de Naciones, hoy ONU, cuando se señaló: Cualquier acto criminal dirigido contra un Estado y encaminado a o calculado para crear un estado de terror en las mentes de personas particulares, de un grupo de personas o del público en general
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Es probable que los mexicanos estemos lejos de un acto terrorista en territorio nacional, pero no es remoto pensar que si sucede algo semejante en Estados Unidos, cuyos implicados hubieran encontrado en México una base de apoyo de cualquier tipo, sencillamente la magnitud del efecto para la relación binacional es de difícil cálculo.
El país vecino es un blanco potencial permanente y pudiera serlo más como resultado de las medidas supuestamente de seguridad de Trump. El efecto centrípeto de odios raciales y religiosos provocado por su presidente nos lleva de manera irremediable a su esfera de atracción. Estados Unidos está tácitamente amenazado por algún acto terrorista, por lo que no deberíamos permanecer pasivos.
En México, por nuestra tendencia a victimarnos y a engrandecer incidentes, hemos deformado actos ocurridos definiéndolos sin serlo como terrorismo. En su momento se persiguió ferozmente a los responsables, se les enjuició y sentenció por un delito que nunca se pudo configurar alrededor de su fundamental característica para nombrarse jurídicamente terrorismo. Sólo para señalar el pobre calibre de algunas de las experiencias mexicanas, se mencionan algunos ejemplos:
8 enero 1994. Estalla un coche en el estacionamiento de Plaza Universidad. No hay heridos ni pérdidas humanas; se reportan pocos daños materiales. Sin base, el gobierno atribuyó el ataque al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sin embargo, fue reivindicado por el Partido Revolucionario Obrero Campesino Unión del Pueblo (Procup).
8 de agosto 2001. Tres artefactos de fabricación casera detonan frente a sucursales de Banamex en Palmas, calzada de Tlalpan y en la colonia Bondojito. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) se adjudicaron el ataque.
6 noviembre 2006. Detonan explosivos en una sede del PRI y otra del Tribunal Electoral. Se informa sobre la existencia de otro explosivo en una sucursal del banco Scotiabank que es desactivado.
15 febrero 2008. Un muerto y dos heridos es el saldo de dos explosiones ocurridas a las 14:30 horas en la acera del número 346 de avenida Chapultepec, a dos cuadras de la Secretaría de Seguridad Pública de Distrito Federal. No se encontró a los responsables.
Si se valora serenamente, debe reconocerse que no hubo indicios de ser actos atribuibles al terrorismo, pero así se divulgó, sin embargo, cabe la posibilidad de que en el futuro cambien las cosas. No necesariamente lo sería ante casos de evidente terrorismo interno, sino que por la naturaleza del crimen internacional es factible que México se viera envuelto en algún caso lo que resultaría políticamente muy costo. El terrorismo tiene un poder detonante de emociones y reacciones políticas y sociales fortísimo. Ya se comentó que un ataque a algún interés estadunidense, con raíces o tránsitos en México, nos sería fatal.
Puede resultar desastroso que nuestras autoridades, tan propensas a la autojustificación, siguieran en la línea absurda de no aprender de lo que sucede en Europa, están siempre predispuestas a asegurar que todo va bien, que quienes no piensen como ellas son alarmistas, que estamos perfectamente preparados para todo. Con esa actitud un auténtico acto de terrorismo de origen extranjero o local sería demoledor.
