a detención en Italia del ex gobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, prófugo desde 2012 por cargos relacionados con narcotráfico y corrupción y reclamado tanto por la justicia mexicana como por la estadunidense, es el más reciente recordatorio de una serie de casos judiciales protagonizados por ex gobernadores o por altos funcionarios estatales en el país.
Cabe recordar que César Duarte Jáquez y Javier Duarte Ochoa, quienes recientemente dejaron las gubernaturas de Chihuahua y Veracruz, se encuentran prófugos; que Roberto Borge, Guillermo Padrés Elías, Humberto Moreira, Luis Armando Reynoso Femat y Rodrigo Medina de la Cruz (ex gobernadores de Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Aguascalientes y Nuevo León, respectivamente) han debido enfrentar en meses recientes acusaciones penales en México o en el extranjero, y que el ex fiscal de Nayarit, Édgar Veytia, y el ex secretario de Hacienda de Coahuila, Carlos Villalobos Organista, fueron detenidos con diferencia de días en territorio estadunidense; uno en San Diego, California, acusado de tráfico de estupefacientes, y el otro, en Phoenix, Arizona, por presunto desvío de recursos.
Más allá de la pésima imagen del país que proyecta la persecución internacional de mandatarios y de altos cargos estatales mexicanos, es innegable que las imputaciones y arrestos de gobernadores y de sus cercanos colaboradores, sea en el territorio nacional o fuera de él, conforman un retrato alarmante y exasperante de la descomposición institucional que padece el país, de la incapacidad oficial para controlar la desbordada corrupción y de la insolvencia de los mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas federales y estatales; particularmente, en ese segundo nivel, es claro que tales mecanismos suelen ser una mera simulación al servicio de los propios gobernadores.
Pero la alarmante repetición de casos como los referidos, en los que se ven involucrados representantes de diversos partidos, resulta también indicativa del descuido y la falta de responsabilidad de esos institutos políticos, los cuales son, al fin de cuentas, los que postulan a quienes realizan una labor gubernamental que culmina en averiguaciones, arrestos e imputaciones, pero sólo por excepción en penas de cárcel significativas.
La abundancia de casos de corrupción gubernamental lleva obligadamente a preguntarse en qué medida las instancias en las que se deciden las candidaturas pueden estar contaminadas por intereses inconfesables y acuerdos previos para la obtención de beneficios ilícitos, y si no es necesario plantearse escrutinios más rigurosos sobre los ciudadanos que aspiran a cargos públicos.
