En el contexto del 98 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, organizaciones de El Campo es de Todos señalaron que es urgente un viraje en la política agraria del país.

En conferencia de prensa se pronunciaron por la creación de políticas que favorezcan la soberanía y seguridad alimentarias, la reactivación del mercado interno, la diversificación productiva, la defensa del territorio y la justicia agraria, así como la innovación tecnológica y la capacitación.

José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), sostuvo que los apoyos económicos gubernamentales deben reorientarse hacia los pequeños agricultores, pues actualmente 92 por ciento del presupuesto va a los grandes productores agrarios.

Se pronunció por que se reconozca a los pueblos originarios el derecho al territorio, a legislar sobre el derecho a la tierra y reconocer a las agrupaciones civiles como organismos de interés público.

Destacó la necesidad hacer válido el derecho a la vivienda rural, pues dijo que 60 por ciento de las viviendas del campo están en malas condiciones.

Dijo que se requiere mayor acceso al crédito, ya que sólo 10 por ciento de las unidades de producción rural cuentan con ese apoyo. Ante esta situación los pequeños productores deben recurrir a instancias usureras.

Insistió en que debe haber derecho a un crédito barato, suficiente y eficiente.

Francisco Jiménez Pablo, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN), aseguró que la lucha de Zapata está vigente, ya que sus ideales se requieren para enfrentar la política neoliberal instaurada en el campo desde principios de los años 80.

Lamentó la criminalización de la lucha social y que en el país se experimente una crisis de derechos humanos, caracterizada por miles de desaparecidos y el establecimiento de un Estado policiaco y militar.

Subrayó que no sólo se debe luchar por la tierra, sino también por el poder, pero advirtió que no basta con la lucha electoral, el problema es cómo sostenemos a quienes lleguen al poder para que se respete el pacto social.

Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), habló del fracaso de la reforma al artículo 27 constitucional en 1992, que llevó al despojo de tierras, aguas, bosques y selvas, así como territorios con potencial de desarrollo inmobiliario y turístico.

Expuso que desde los gobiernos panistas más de 30 millones de hectáreas de ejidos y comunidades han sido concesionadas a empresas mineras.

Remarcó que desde El Campo es de Todos necesitamos ir preparando la gran mayoría electoral que permita ganar también en cada municipio, en los congresos locales y en el Congreso federal.