as protestas de los trabajadores de salud se han convertido en un acontecimiento cotidiano al igual que las manifestaciones de descontento de los usuarios por las largas esperas o la falta de medicamentos y otros insumos. Mientras las autoridades aseguran que están mejorando los servicios, los directamente involucrados, trabajadores y usuarios, viven una realidad diferente.
Un problema acuciante es la falta de personal y las contrataciones irregulares, particularmente en la Secretaría de Salud (Ssa) y los sistemas estatales del sector (SES), aunque los institutos de seguro social también lo padecen. La reforma que creó el Seguro Popular (SP) en 2003 vino a agravar los álgidos problemas de personal en los SES que son los que atienden a los afiliados. Las reglas de uso de los recursos del SP y su dependencia del número de afiliados llevaron a un incremento importante en las contrataciones precarias con salarios bajos y sin prestaciones de ley. En un intento de regularizar la situación se propuso a los gobiernos estatales crear plazas pagadas con recursos del SP a condición de que los estados asumieran el costo de las prestaciones laborales, especialmente la parte correspondiente a las futuras pensiones, que representarían una carga financiera muy importante.
Es de suponer que en los gobiernos panistas se apostaba a un aumento importante en la compra de servicios privados con fondos del SP que hubiera trasladado la cuestión laboral
a los prestadores privados, liberando al sector público del problema. El modelo del SP busca justamente provocar la competencia entre los prestadores privados y públicos y un proceso creciente de privatización. Hasta la fecha esto no ha ocurrido, pero el problema de las contrataciones anómalas ha crecido exponencialmente. Es el fondo del descontento de los trabajadores que, además, con frecuencia laboran sin los elementos básicos para prestar los servicios. Sus condiciones laborales precarias se traducen en una atención a la salud igualmente precaria. Así, el aspecto laboral es uno de los problemas estructurales del sistema público de salud cuya solución es requisito imprescindible para su buen funcionamiento.
En 2013 se lanzó el Programa de Formalización Laboral para acotar el problema que para entonces alcanzaba a decenas de miles de trabajadores. En este contexto hay que recordar que la descentralización de los servicios de salud significó el congelamiento de los puestos federales, ciertamente insuficientes, y desde entonces no se han creado plazas federales regulares. El programa consiste en formalizar las plazas precarias de los estados, pero excluye la posibilidad de reservar la plaza y de acceder al escalafón, o sea, las nuevas plazas de base quedan congeladas en el nivel más bajo de cada categoría. El programa está condicionado a que haya suficiencia presupuestal para dedicar recursos canalizados a través del ramo 33, FASSA, y entregados directamente a los gobiernos estatales. Esta condición no se ha cumplido debido a los sucesivos recortes del presupuesto de salud en los pasados tres años. Ha habido una danza de cifras, pero no está claro cuántos trabajadores han efectivamente sido regularizados. En todo caso en febrero de 2016 había todavía 30 mil plazas por formalizar, según el secretario de Salud.
Uno de los aspectos que confieren poca transparencia a la formalización de plazas es que el sindicato de la Ssa (SNTSA), afiliado a la FSTSE, desempeña un papel central en el proceso. Como otros sindicatos corporativos priístas, usa las plazas para fortalecer la lealtad de los afiliados a la dirigencia sindical y hay denuncias sistemáticas sobre la venta de las mismas. Esto significa que las nuevas no necesariamente se utilicen para regularizar el personal temporal o que se den a personas que cumplan el perfil requerido y reglamentario. Por otra parte, los gobiernos estatales también han hecho uso turbio de las nuevas plazas. Ejemplo de ello son las maniobras de la Secretaría de Salud de Ciudad de México, que promete regularizar y no lo hace, permite la venta de plazas, etcétera, y otro, la huelga de hambre de enfermeras en Chiapas. La consecuencia lamentable de estos abusos es que la regularización de plazas no sirve para mejorar la prestación de servicios. El actuar cotidiano de los sindicatos charros contrasta con sus airadas protestas respecto del convenio de intercambio de servicios médicos excedentes, que no es muy diferente a los otros que se han firmado iniciando en 2011, sosteniendo que no hay personal suficiente. De allí las continuas protestas de trabajadores y usuarios.
