El colapso de la obra que dejó siete personas muertas en la colonia Olivar de los Padres, en la delegación Álvaro Obregón, sacó a flote las irregularidades con las que se construía, entre ellas no contar con autorización en materia de impacto ambiental al inicio de los trabajos y edificar un mayor número de niveles a los permitidos.

Las anomalías son investigadas por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), que documentó que el centro comercial y un estacionamiento subterráneo se edificaba en dos predios ubicados en la avenida Toluca 479 y 481, donde hubo explotación de minas de arena que posteriormente fueron rellenadas.

Las obras estaban a cargo de la constructora Impulsora Tlaxcalteca de Industrias (ITISA), pero el desarrollo inmobiliario –a decir de los vecinos–, pertenece a los dueños de la papelera Lumen, entre quienes identifican a Luis Méndez, que además pretendían construir 25 casas en un área verde en la calle Glaciar, en la colonia Nabor Carrillo, el año pasado, pero el proyecto se logró detener.

A partir de las denuncias vecinales, la PAOT abrió tres indagatorias por presuntas irregularidades en materia de construcción, desarrollo urbano y ambiental, en las que identificó que se trata de la construcción del Centro Comercial Avenida Toluca 479, con cuatro niveles subterráneos para estacionamiento y dos más a nivel de banqueta para oficinas, locales comerciales y salas de cine.

La obra, ubicada a una orilla de la barranca Texcalatlaco, que divide las avenidas Toluca y Desierto de los Leones, fue suspendida el 30 de marzo de 2016 por la delegación Álvaro Obregón, por exceder supuestamente el número de niveles a los autorizados, pero, de acuerdo, a lo documentado por la PAOT, posteriormente los sellos fueron retirados sin motivo aparente.

En la investigación realizada por la procuraduría ambiental se identificó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda emitió el dictamen de impacto urbano positivo para el proyecto, mientras la Secretaría de Medio Ambiente recibió el dictamen de daño al medio, pues la obra comenzó sin contar con la autorización de impacto ambiental, situación por la que el desarrollador fue sancionado.

El registro de manifestación de construcción, necesario para iniciar los trabajos, tiene vigencia del 3 de marzo de 2015 al 3 de marzo de 2018, pero no fue hasta octubre de 2016 cuando la obra contó con el permiso de medio ambiente.

Los vecinos denunciaron la obra por la tala de árboles y su cercanía a una barranca, por lo que aún falta determinar si se invadió parte del área verde.

Desde la parte trasera de la obra, se puede observar que la construcción llevaba al menos seis niveles subtérraneos. Enfrente de la obra se colocó una manta, donde se describe que cuenta con el dictamen de impacto urbano y ambiental.

La delegación Álvaro Obregón rechazó dar mayor información sobre la obra. Hasta el momento su único pronunciamiento ha sido que entregará el expediente a la Procuraduría General de Justicia capitalina.