Por haber realizado operaciones de compraventa de sal a precios inferiores en el mercado, que produjeron quebranto económico a la empresa Exportadora de Sal, de participación estatal mayoritaria, la Secretaría de la Función Pública impuso una sanción de 6 millones de pesos y la inhabilitación a un funcionario –al que no identificó ni por nombre ni por cargo– de dicha compañía. En el comunicado, la dependencia informó que de las investigaciones realizadas se corroboró que las operaciones no tenían el aval del Consejo de Administración, por lo que se incurrió en irregularidades que ameritaron las sanciones que están sujetas a impugnación por parte del funcionario.