En el proceso de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados descubrieron en la Cuenta Pública 2015 incumplimiento de disposiciones legales, como adjudicación directa de contratos de obra pública con sobrecosto, no se garantizaron las mejores condiciones de contratación para el Estado, y falta de control de registro de recur-sos del financiamiento crediticio por mil millones de dólares.

En la separata de la fiscalización superior al Grupo Aeroportuario de Ciudad de México y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ambas instancias se abstuvieron de opinar sobre el catálogo de anomalías en la edificación de la nueva terminal, que incluyen: utilización de financiamiento estructurado para la obra, donde participan entidades paraestatales y fideicomisos privados que ingresan recursos que no se reconocen en el erario; indeterminación del costo total del financiamiento a pagar con recursos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), y falta de plazo para el cumplimiento de las obligaciones financieras objeto de los pagos de misma.

Falta de controles en los flujos de créditos privados, vinculados al financiamiento estructurado por parte del Grupo Aeroportuario; falta por parte del citado grupo de controles en la erogación de recursos provenientes del TUA de los fideicomisos privados por 2 mil 706 millones de pesos; falta de control del grupo aeroportuario de registro de recursos del financiamiento crediticio por mil millones de dólares.

Sobre el particular, el diputado Emiliano Álvarez (Morena) reprochó el manejo de la TUA. De este tema no se habla, lo mantienen cerrado, porque la sociedad ya está pagando la construcción con el TUA. Esto no se ha estudiado bien. Tenemos que exhibir, como Poder Legislativo, lo que ocurre con esta obra.

–La expectativa del grupo aeropuertario es que 85 por ciento de la obra haya quedado licitada en 2017 –se le cuestionó.

–Nosotros lo que estamos esperando es haya una nueva consulta y que se le pregunte a la ciudadanía, porque esta obra va a tener repercusión en la economía de Ciudad de México respecto del estado de México, y de esto no se ha hablado. ¿Qué va a pasar con los terrenos del actual aeropuerto, y qué va a pasar con la infraestructura que se construyó en torno a éste?, esto no se to-ma en consideración.

En el análisis y opinión de la ASF, uno de los hallazgos relevantes es que el gobierno federal utilizó para la construcción del nuevo aeropuerto un esquema de financiamiento donde participan entidades paraestatales y fideicomisos privados; por lo tanto, los recursos que ingresan no se reconocen en el erario y las erogaciones realizadas no se registran en la cuenta pública correspondiente.

A esto se suma, en la Cuenta Pública 2015, la inexistencia de un control por parte de alguna dependencia del gobierno federal, de las erogaciones para la construcción del nuevo aeropuerto, que incluya las ci-fras de las obras inherentes pagadas por otras entidades como la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Fideicomiso 1936 del Fondo Nacional de Infraestructura.

Los entes fiscalizadores tampoco lograron determinar el costo total del esquema de financiamiento (el capital del crédito, sus intereses, las comisiones y gastos asociados con el mismo) que se tendrá que pagar con recursos de la TUA.

Sobre ésta se halló opacidad en los recursos generados por la tarifa en las aerolíneas. No se precisan los controles establecidos para conocer el ingreso que tienen las líneas aéreas por la recolección de la TUA, ya que entregan al AICM los manifiestos de salida (documentos de buena fe) en los que informan, bajo protesta de decir verdad, la TUA que pagaron los usuarios.

En más sobre el destino del cobro de la TUA, la opaci-dad continúa incrementándose en la separata de la fiscalización. No se precisa cómo se erogaron 2 mil 707 millones de pesos de recursos provenientes de la tarifa por parte de los fideicomisos privados 2172 y 80460, ni tampoco se precisan las implicaciones de las instrucciones giradas por las dos entidades para el efecto.