Pese al llamado para que se realicen consultas públicas y a la inconformidad de expertos y organizaciones, la Comisión de Medio Ambiente del Senado convocó para este jueves a una sesión para dictaminar la iniciativa de la ley de biodiversidad, con el fin de aprobarla la semana próxima. De última hora sacó de la agenda del día el dictamen de la ley forestal.

El martes por la noche la Comisión de Medio Ambiente, cuya presidenta es Ninfa Salinas, del Partido Verde Ecologista de México, convocó a la sesión de ayer con una agenda en la cual estaba considerado el dictamen de la ley de desarrollo forestal sustentable, a pesar de que ese día se había desarrollado un foro de análisis con organizaciones forestales, académicos y senadores en el que la mayoría coincidió en señalar que se debía realizar un amplio proceso de consulta sobre esta iniciativa.

Salinas entregó a la mesa directiva del Senado un oficio para dejar fuera del proceso de dictamen de la minuta a la Comisión de Desarrollo Rural, presidida por Fidel Demedicis, quien se ha pronunciado en favor de la consulta, informaron organizaciones. Por la noche se modificó la agenda y se excluyó la iniciativa forestal.

La minuta que se encuentra en el Senado presenta retrocesos en materia de derechos, no atiende la ilegalidad en el sector ni la sobrerregulación que tiene estancada la producción, pone en riesgo la conservación de los bosques, además de que carece de contrapesos y candados para prevenir la corrupción y fortalecer la transparencia, de acuerdo con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, la Red Mocaf y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

En relación con la iniciativa de la ley de biodiversidad, también promovida por el Partido Verde, organizaciones como Teyeliz y Greenpeace, entre otras, han señalado que da pauta a la explotación de especies sobre las que hay veda y atenta contra el derecho de los pueblos indígenas sobre los recursos genéticos.

Las prisas y falta de debate amplio, plural y democrático con los sectores claves han caracterizado este proceso legislativo, consideró Gustavo Ampugnani, director en México de Greenpeace. Lo que está en juego es la privatización de la biodiversidad, así como los conocimientos ancestrales asociados a ella. Creemos que antes de avanzar en el denominado aprovechamiento de la biodiversidad, México debe garantizar su protección, ahora y a futuro.

Agregó que el peor ejemplo de la forma en que el Estado mexicano ha tratado a la biodiversidad es el de la vaquita marina, pues durante casi 25 años ha sido desantendida su protección y hoy está en una fase de extinción técnica. No entendemos la urgencia en sacar esta iniciativa más que en clave electoral, así como tampoco la de mezclar en ella tres temas relacionados, pero diferentes: vida silvestre, áreas naturales protegidas y recursos genéticos.