n su insistente –e inútil–búsqueda por revestir su gobierno de legitimidad, Michel Temer, presidente gracias al golpe institucional del año pasado, decidió invitar al papa Francisco a realizar un viaje oficial a Brasil. Logró oír un delicado pero rotundo ‘no’.

Ignorando las buenas reglas de la diplomacia, pese al altísimo nivel del cuadro de diplomáticos de que dispone a sus órdenes, Temer decidió, sin el protocolar sondeo previo, anunciar que había invitado formalmente al papa Francisco. Algunos de sus asesores deben de haberlo convencido que recibir al pontífice en el país que se jacta de ser la mayor nación católica del mundo sería un baño insuperable de legitimidad.

Bueno: como respuesta, recibió una carta, igualmente formal, aduciendo cuestiones de agenda para no aceptar la invitación.

El problema es que el Papa no se quedó en esa excusa: agregó su tristeza y preocupación por lo que ocurre en Brasil. Mencionó expresamente la actual crisis, en la que son los más pobres los que pagan el precio más amargo para que se llegue a soluciones fáciles y superficiales. Más adelante, en la misma carta, dice el papa Francisco que la inestabilidad vivida por Brasil no es de solución sencilla, ya que tiene raíces socio-político-económicas.

Hace poco, la CNBB (Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, por la sigla en portugués) divulgó durísimo comunicado criticando medidas incluidas en las llamadas reformas de Temer, tan de agrado del empresariado y la banca. Cualquier amenaza merece inmediato repudio, dijo la CNBB con relación a derechos sociales que están, desde el golpe que destituyó a Dilma Rousseff e instaló aMichel Temer y compañía en el gobierno, bajo permanente amenaza.

Ha sido un golpe más sufrido por el presidente que, en vano, busca legitimarse. También por esos días se revelaron los resultados de los sondeos más recientes de opinión pública, y la aprobación de Michel Temer se desmoronó apenas 5 por ciento.

Y, al mismo tiempo, sondeos realizados por diferentes institutos indican que, pese a toda la masacre y persecución que enfrenta tanto del judiciario como principalmente de los medios hegemónicos de comunicación, el ex presidente Lula da Silva sigue, a millas marítimas de distancia de los demás eventuales postulantes, como el favorito absoluto para las presidenciales de 2018.

Mientras, crece en Brasil el ya violentísimo impacto de las denuncias de corrupción que ahora alcanzan no solamente al PT de Lula y Dilma, sino a todo el sistema político de por lo menos las últimas tres décadas. “Nunca hubo una campaña electoral sin ‘caja 2’, nadie jamás ha sido electo sin eso”, aseguró Emilio Odebrecht, patriarca de la mayor empresa constructora de América Latina. Por caja 2 debe entenderse dinero no declarado formalmente a la Justicia Electoral.

En la muy extensa y detallada serie de delaciones premiadas, cuando los imputados cuentan lo que saben a cambio de reducción en sus eventuales condenas, hubo mucho más. Los 78 altos ejecutivos de la Odebrecht que recurrieron al recurso de la delación premiada listaron, con detalles, las cantidades pagadas a ministros, diputados y senadores para que el gobierno enviase y el Congreso aprobase iniciativas en beneficio de las gigantes de la construcción. Miles de millones. De dólares, claro.

Importantes juristas critican el método de la delación premiada, argumentando que se trata de una clara medida de tortura sicológica: alguien es mantenido en la cárcel sin culpa comprobada (pese a las toneladas de indicios y acusaciones) por largo tiempo, sin ser conducido al juez para declarar, hasta que se decida a prestar colaboración.

Claro que toda la delación premiada exige pruebas, o el acusador tendrá su condena, en lugar de disminuida, aumentada. Y mientras, los denunciados son entregados a la furia de los medios de comunicación y de la opinión pública. Además, se mezclan historias: la caja 2 era conocida de todos, y no es considerada crimen, pero si acto ilícito sometido a la Justicia Electoral. Otra cosa, bien distinta, es la vieja, pura y clásica corrupción.

Y es en este segundo caso que se encuentran denunciados no sólo 30 por ciento del Congreso y otro tanto del ministerio de Michel Temer, pero de manera muy especial el senador Aécio Neves, candidato derrotado por Dilma Rousseff en 2014 y principal articulador, al lado del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, del golpe institucional que la destituyó.

Curiosamente, hasta ahora ni Lula da Silva y Dilma Rousseff aparecen denunciados por corrupción personal.

Por estos días el ex presidente Cardoso insinuó lo que desde la caída de Dilma es ventilado a los cuatro vientos por Lula y los partidos de izquierda en Brasil: frente a semejante caos, y considerando la ilegitimidad de Michel Temer para imponer reformas que no hacen más que retroceder conquistas y derechos mientras profundiza la inestabilidad política de un país al borde del caos, la única salida sería convocar elecciones generales.

Hasta las niñas bonitas de Oaxaca saben que es una declaración oportunista, por demorada, e inútil, por el cuadro político actual.

Si hubiese elección presidencial, Lula da Silva ganaría. Y, al fin y al cabo, todo lo que ocurre fue llevado a cabo precisamente para impedir que eso ocurriese.

Por lo visto, hasta el papa Francisco sabe de todo eso.