La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Migración, con el fin de fomentar el turismo médico y sancionar con inhabilitación temporal a servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) que violen derechos humanos de indocumentados.

El turismo médico aporta al país aproximadamente mil 200 millones de dólares anuales y con estas iniciativas se busca fortalecer el sector, explicó el diputado Gonzalo Guízar Valladares, del Partido Encuentro Social.

María Luisa Sánchez Meza, del Partido Acción Nacional (PAN), propuso que los visitantes extranjeros que ingresen a México a recibir servicios de turismo médico o de salud no necesiten visa.

Agregó que, en años recientes, el turismo de salud ha tenido relevancia, especialmente en Baja California, ya que cuenta con servicios médicos de salud y bienestar de alta calidad, a un precio mucho más bajo, con un ahorro de entre 36 y 89 por ciento, respecto de otros países de la Organización Mundial del Comercio.

“Esto ha propiciado que pacientes de Estados Unidos y Canadá viajen al país para realizarse procedimientos médicos de cirugía plástica, o utilizar spas, lo que dejó en Baja California, durante 2015, una derrama económica de 673 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo”, mencionó en un comunicado.

Consideró que la propuesta beneficiará a hospitales, médicos, hoteleros, enfermeros, farmacias, comercios, gastronomía y la industria del transporte, entre otros.

Lorena Corona Valdés, del Partido Verde Ecologista de México, planteó sancionar, con inhabilitación temporal, al servidor público del INM que haga uso indebido o proporcione a terceras personas documentación migratoria, o cometa violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

En una sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos Migratorios, Guízar Valladares dijo por otro lado, que esta instancia legislativa trabaja para que, por conducto del Fondo de Migralidad, se canalicen recursos adicionales al presupuesto de los estados fronterizos.

Estamos pidiendo agregar mil millones de pesos para atender dichas zonas y mejorar la calidad de servicio para los deportados, señaló.

Las reformas aprobadas ahora deberán ir al pleno de San Lázaro para su análisis y eventual ratificación.