El proceso de investigación en contra de Javier Duarte de Ochoa debe incluir no sólo los delitos por corrupción y delincuencia organizada, sino también considerar la actuación y responsabilidades del ex mandatario de Veracruz en desapariciones forzadas, homicidios y agresiones a periodistas, así como las múltiples irregularidades cometidas por autoridades de gobierno en fosas comunes localizadas en la entidad.

Señalaron lo anterior varias organizaciones, activistas y académicos que integran la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción.

Mientras tanto, en Guatemala, familiares de desaparecidos en Veracruz anunciaron ayer que preparan una denuncia penal contra el ex gobernador por la desaparición de miles de personas durante su mandato entre 2010 y 2016.

En un pronunciamiento colectivo la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción demandó que las pesquisas contra el ex mandatario veracruzano deben trascender la acusación individual a fin de que se aclaren las redes familiares, de funcionarios locales y federales con quienes el gobernador Duarte se coludió para realizar un millonario desvío del presupuesto público.

De esta forma, el grupo consideró que los delitos por los que se requiere su extradición por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, son insuficientes.

Sólo en el caso de las desapariciones forzadas, las cifras oficiales señalan al menos 2 mil 500 personas desaparecidas en el estado de Veracruz, muchas de las cuales pudieron ser victimadas por integrantes de las policías estatal y municipales.

‘‘A lo largo de su gobierno sucedieron numerosas desapariciones sin que existiera una acción clara para esclarecerlas y, sobre todo, detenerlas. Dado que el gobernador es el último responsable de las instituciones de seguridad, se debe investigar su posible responsabilidad en los cientos de desaparecidos’’, señalan organizaciones y activistas.

Respecto de las agresiones contra periodistas, durante el gobierno de Duarte Veracruz se colocó como el lugar más peligroso para ejercer este oficio. De acuerdo con la organización Artículo19, entre 2010 y 2016 fueron asesinados 17 periodistas y tres más están desaparecidos.

Pero además, ‘‘el elemento común a todos estos graves crímenes ha sido la falta de investigación efectiva tanto por parte de la Fiscalía General de Veracruz como de la Fiscalía Especializada en Delitos en Contra de la Libertad de Expresión (Feadle)’’.

El pronunciamiento está suscrito por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, los centros de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Fundación para el Debido Proceso Legal, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y Plataforma Internacional contra la Impunidad, además de académicos y activistas.

Activistas ya están en Guatemala

En la ciudad de Guatemala, Lucía Díaz, integrante del colectivo El Solecito de Veracruz, quien está en este país junto a otros familiares de desaparecidos de México para participar en un taller de derechos humanos, afirmó que ya integran carpetas y expedientes para imputar a Duarte de Ochoa el delito de desaparición forzada.

El sábado pasado, las activistas demandaron la pronta extradición del ex mandatario veracruzano en un mitin realizado frente al cuartel militar capitalino donde está recluido Duarte desde la madrugada del domingo 16 de abril.

‘‘Los 12 colectivos (de familias de desaparecidos) del estado de Veracruz estamos asesorándonos para poder proceder (en su) contra’’, agregó Araceli Salcedo, madre de una joven desaparecida hace cinco años en la citada entidad.